Al presente documento se le han incorporado los aportes realizados por los miembros del Consejo durante la Asamblea, llevada a cabo el 19 de octubre del 2007 en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Articulo 19
"El Consejo de Planeamiento Estratégico, de carácter consultivo, con iniciativa legislativa presidido por el Jefe de Gobierno e integrado por las instituciones y organizaciones sociales representativas, del trabajo, la producción, religiosas, culturales, educativas y los partidos políticos, articula su interacción con la sociedad civil, a fin de proponer periódicamente planes estratégicos consensuados que ofrezcan fundamentos para las políticas de Estado, expresando los denominadores comunes del conjunto de la sociedad. Sus integrantes se desempeñan honorariamente"
Articulo 19
"El Consejo de Planeamiento Estratégico, de carácter consultivo, con iniciativa legislativa presidido por el Jefe de Gobierno e integrado por las instituciones y organizaciones sociales representativas, del trabajo, la producción, religiosas, culturales, educativas y los partidos políticos, articula su interacción con la sociedad civil, a fin de proponer periódicamente planes estratégicos consensuados que ofrezcan fundamentos para las políticas de Estado, expresando los denominadores comunes del conjunto de la sociedad. Sus integrantes se desempeñan honorariamente"
Índice
Introducción
1.- Visión Metropolitana
2. Comunas
3.- Profesionalización del Estado
4.- Evaluación Ambiental Estratégica
5.- Plan Urbano Ambiental. Perspectiva Preliminar del CoPE
6.- Transporte y Movilidad
7.- políticas de Producción y Políticas de Inclusión Social
8.-políticas públicas con Perspectiva de Género
9.- Contribución Fiscal y Equidad Social
10.- Autonomía y Seguridad
Introducción
En la Asamblea de Octubre del 2006 se aprobó el documento titulado “Reafirmando el Rumbo Estratégico”, que insistía en seguir las orientaciones que el Consejo ha venido formulando desde los primeros documentos de avance y el Plan Estratégico Buenos Aires 2010. Hoy, en un momento de transición en el gobierno de la Ciudad, con nuevas autoridades electas y de acuerdo al mandato constitucional, este documento se propone “ofrecer fundamentos para las políticas de Estado que sirvan de denominadores comunes del conjunto de la sociedad.” [1]
Aquí se reafirman, destacan y sostienen 10 políticas de Estado que reflejan los consensos que se han podido alcanzar con el compromiso de las organizaciones que lo integran.
Como lo decíamos en una carta enviada al Jefe de Gobierno “estamos convencidos de que la Ciudad no puede darse el lujo de desperdiciar el capital social representado por años de reflexiones y de constante búsqueda de los denominadores comunes. El Consejo no aspira a monopolizar la vocación de articular amplios consensos, pero no duda de que puede ser de enorme utilidad en la celebración de acuerdos básicos con la sociedad civil”.
[1] Artículo 19, Título Segundo, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
En la Asamblea de Octubre del 2006 se aprobó el documento titulado “Reafirmando el Rumbo Estratégico”, que insistía en seguir las orientaciones que el Consejo ha venido formulando desde los primeros documentos de avance y el Plan Estratégico Buenos Aires 2010. Hoy, en un momento de transición en el gobierno de la Ciudad, con nuevas autoridades electas y de acuerdo al mandato constitucional, este documento se propone “ofrecer fundamentos para las políticas de Estado que sirvan de denominadores comunes del conjunto de la sociedad.” [1]
Aquí se reafirman, destacan y sostienen 10 políticas de Estado que reflejan los consensos que se han podido alcanzar con el compromiso de las organizaciones que lo integran.
Como lo decíamos en una carta enviada al Jefe de Gobierno “estamos convencidos de que la Ciudad no puede darse el lujo de desperdiciar el capital social representado por años de reflexiones y de constante búsqueda de los denominadores comunes. El Consejo no aspira a monopolizar la vocación de articular amplios consensos, pero no duda de que puede ser de enorme utilidad en la celebración de acuerdos básicos con la sociedad civil”.
[1] Artículo 19, Título Segundo, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
1.- Visión Metropolitana
Hablar hoy de la ciudad significa hablar de integración metropolitana. Así, una de las principales preocupaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico es establecer relaciones y coordinar acciones en ese sentido.
La planificación, coordinación y gestión del Área Metropolitana es una de las cuestiones pendientes. Si bien existe un amplio consenso sobre la necesidad de una autoridad metropolitana, los diferentes actores de la región deberían generar acciones que la promuevan o fomenten mediante pasos intermedios.
Para ello, el Gobierno de la Ciudad debe tener una política de Estado metropolitana. En este sentido, se ha insistido en la búsqueda de alternativas que impulsen la planificación, coordinación y gestión del área metropolitana desde la ciudad.
A partir de lo elaborado en las dimensiones de trabajo, el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico remitió al Jefe de Gobierno una recomendación, en la cual se le señala la importancia que tiene jerarquizar una política de Estado para la Región Metropolitana y se advierte sobre la postergación de soluciones que implica no tenerla. En tal sentido, desde el Consejo de Planeamiento Estratégico, se recomendó:
- Asignar la responsabilidad de la política metropolitana a un área de jerarquía relevante del Gobierno de la Ciudad, la que resultará encargada de la relación con los municipios del conurbano, la provincia de Buenos Aires y la Nación en estos temas. [1]
- Adaptar oportunamente la Ley de Ministerios y las políticas de la Ciudad a esta recomendación.
- Definir en ese contexto una política metropolitana integral del Gobierno de la Ciudad que contemple, entre otros, los temas referidos a: movilidad, infraestructura, disposición final de residuos, provisión de agua, tratamiento de efluentes, ect.
Para sustentar una política de Estado en este plano se insiste en las siguientes acciones:
- Designar como “Miembros Honorarios” del Consejo de Planeamiento Estratégico a los intendentes del área metropolitana e insistir en esta convocatoria ante el inicio de nuevos mandatos en todos los distritos tras las elecciones de 2007.
- Avanzar en un diálogo impostergable para ofrecer mejores respuestas a la región metropolitana, en la que vive un tercio de los argentinos y solicitar que los líderes políticos de los distritos dejen de lado cuestiones menores. En el 2003 ya hubo una iniciativa similar del Consejo en pos de un acuerdo cuatripartito entre Nación, Ciudad, Provincia, y Municipios por la integración metropolitana.
- Contribuir con los aportes que resultan de los trabajos de las diferentes dimensiones del Consejo al documento de lineamientos estratégicos para el área metropolitana presentados por la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, se ha venido participando en jornadas de intercambio, entre ellas la de la celebración del día mundial del Urbanismo en el 2006.
- Insistir en la reforma o derogación de la ley 24588, conocida como Ley Cafiero, ante el debate del Congreso de la Nación sobre la autonomía de la Ciudad, y avanzar en una mayor articulación con los municipios y las distintas jurisdicciones del área metropolitana.
- Insistir en la necesidad de la descentralización en comunas, como contracara de la concentración del gobierno central en los temas estratégicos con una visión metropolitana, en un proceso de afirmación de la autonomía municipal.
Se recuerda que en los documentos de avance, en la formulación del Plan Estratégico Buenos Aires 2010 y en el documento “Reafirmando el Rumbo Estratégico”, la cuestión fue la de la planificación, la coordinación y la gestión interjurisdiccional del Área Metropolitana. Se trató de promover la existencia de instancias jurídicas y de gestión interjurisdiccionales para los temas que precisan tratamiento a nivel metropolitano. Entre las acciones tipo se señaló:
-Participación de la ciudad en la planificación y coordinación de la modernización de las infraestructuras aéreas, marítima, fluvial y terrestre del sistema metropolitano.
-Implementación de un convenio en materia de medio ambiente
-Diseño de estrategias comunes de prevención del delito y de la violencia.
-Desarrollo de mecanismos de participación y control ciudadano en los organismos inter jurisdiccionales.
-Implementación de mecanismos de consulta y coordinación interjurisdiccional entre los entes reguladores de los servicios públicos
-Creación de un Foro Metropolitano de Planes Estratégicos
El Plan de trabajo 2008 debe tener como uno de sus ejes elaborar una política de Estado para el área metropolitana.
[1] Esta recomendación fue tenida en cuenta en la modificación del Proyecto de Ley de Ministerios aprobado recientemente por la Legislatura.
2.- Comunas
La Constitución porteña establece en el Título VI del Libro Segundo la existencia de Comunas, entendidas como “unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial”.
La Descentralización es un eje claramente estratégico con relación al futuro de Buenos Aires. Implica una fuerte apuesta en el sentido del fomento de la participación ciudadana. Su puesta en marcha debería mejorar la eficiencia del gasto; definir los lineamientos para el desarrollo local y precisar las demandas locales a través de la participación ciudadana, mejorar la atención y solución de los reclamos, intervenir en el control de las prestaciones de servicios; y en definitiva lograr una calidad de vida superior, potenciando el ámbito barrial para afianzar su identidad.
De acuerdo al mandato constitucional, las comunas debían ponerse en marcha a más tardar, en octubre de 2001. Ante el incumplimiento de los plazos, algunas organizaciones miembro del Consejo intervinieron con presentaciones judiciales que obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia. Han transcurrido casi 6 años de esa fecha, y si bien la ley fue sancionada por la Legislatura en el año 2005, queda pendiente la convocatoria a elecciones de autoridades comunales, fecha que recientemente la Legislatura fijó para agosto del 2008.
Desde la creación del Consejo de Planeamiento Estratégico, el trabajo y el aporte relativo a las Comunas fue constante. Por un lado, llamando la atención respecto del incumplimiento de la Constitución. Por otro, realizando numerosas actividades que aporten a la discusión, debate y tratamiento del tema.
Recordemos que en el año 2003 el Consejo ejerció por primera vez la iniciativa legislativa, por unanimidad del Comité Ejecutivo, presentando un proyecto de Ley de Comunas.
El CoPE trabajó en criterios para la puesta en marcha de la ley. Se elaboró un aporte con sugerencias y recomendaciones para una mejor implementación de la descentralización y la participación.
Los principales ejes del documento son la descentralización, la participación, el gobierno de las comunas, el presupuesto, el sistema electoral y la mediación de conflictos.
Algunas preocupaciones del Consejo se refieren a que la puesta en marcha de las comunas no incremente el gasto público, sino que se realice a través de la reasignación de las partidas de los servicios que se descentralicen.
Las comunas deben aspirar a ser un ámbito ideal para diseñar un nuevo modelo de administración, orientado a los vecinos, con un cuerpo profesional idóneo, meritocrático, no clientelista.
Recientemente y ante el próximo cambio de gobierno, el Consejo organizó un seminario sobre el tema, convocando a todas las fuerzas políticas, como un modo de reafirmar el compromiso que, desde el inicio, en plena crisis del 2001-2002, mantiene con el respeto a la Constitución y las normas.
Más allá de las diferentes posiciones, y de acuerdo a las diferentes exposiciones, se destaca, la coincidencia en el objetivo final y en la naturaleza resistente a ceder poder cuando se lo tiene.[2]
Aportes del seminario
Para el Consejo fue importante reunir a las distintas expresiones en un auditorio colmado, del que participaron varios de los colegios profesionales, sindicatos, cámaras, ONGs y entidades miembro, organizaciones locales, prensa barrial y personal de carrera de la descentralización.
En el panel sobre Debate Constitucional el Dr. Daniel A. Sabsay, Director Ejecutivo de FARN y profesor de Derecho Constitucional, reivindicó el trabajo de la comisión académica consultiva para la ley de Comunas que integró en 1999/2000, convocada por el Programa de Descentralización. También un documento más reciente para poner en marcha de inmediato la ley y objetó la idea de una reforma constitucional antes de respetarla. A su criterio el modelo constitucional porteño no funciona aún en plenitud, al momento asistimos a un ensayo. Con respecto a la participación, apeló al tango: se necesitan dos para bailarlo, instituciones que respeten las normas y una sociedad que se movilice para exigir el respeto a sus derechos. En ese sentido, se refirió a una actitud ciudadana perezosa en apoderarse de los instrumentos participativos. El Dr. Jorge Rodríguez Mancini, profesor de Derecho, premio Konex y representante de la Acción Católica Argentina en el Comité Ejecutivo, señaló que el incumplimiento de la Constitución se inscribe en una cultura de anomia general en el respeto de la ley. Reivindicó la participación, establecida como derecho en la Constitución y como condición para la realización personal en la doctrina social de la Iglesia. Mencionó la responsabilidad colectiva de los gobernantes en la postergación de las comunas y apeló a la buena fe en los argumentos políticos. Finalmente señaló que el antecedente de un órgano consultivo como el Consejo, que no es debidamente tenido en cuenta, sienta un mal pronóstico para los Consejos de la Comunidad. A pesar de la facultad de iniciativa legislativa, recordó que de una presencia en cierto modo formal, a la ausencia lisa y llana, no ha quedado demostrado un compromiso de los Jefes de Gobierno. Prueba de esto es la carta enviada al actual jefe de Gobierno en el 2006 y aún no respondida.
En el debate territorial y social, un delegado de SUTECBA en la descentralización manifestó el compromiso de los trabajadores en los servicios que se prestan en los barrios y con la puesta en marcha de las comunas. Reivindicó una especialización en administración comunal, dado el tipo de trabajo polivalente que se realiza. El representante de UPCN, Fernando Barrera, habló de la profesionalización de la administración y del compromiso de los trabajadores públicos. Más allá de los convenios colectivos, señaló la importancia del resultado final del trabajo, con el marco ideológico y político de la descentralización, en una visión más general del rol del Estado. Cristina de Ciervo, por el grupo de género, reivindicó esa perspectiva en general y en la descentralización en particular.
Martín Marazzi, ex director de la USIG, tituló a su presentación “Fundamentos políticos, pretextos técnicos” e hizo una demostración práctica y contundente de cómo se puede resolver la cuestión de los padrones sin ninguna dificultad, sembrando dudas sobre la necesidad de recursos cuantiosos y prolongación de tiempos cualquiera sea la división. Israel Mahler, ex presidente de la UIA y ex Vicepresidente del Consejo, llamó al respeto a la ley, señaló con claridad lo que las comunas pueden hacer y lo que pueden ayudar a controlar y resaltó, con altura, el compromiso de los profesionales de la administración pública con un ámbito de trabajo que de resultados a la sociedad, manifestado por los representantes de las organizaciones gremiales.
[2] Según las posiciones del Dr. Enrique Olivera y Sebastián Gramajo, representantes de los bloques políticos de la Coalición Cívica y del Frente para la Victoria respectivamente, fijar una fecha de elecciones disparará los pasos pendientes de la transición. Para el ministro de Gestión Pública y Descentralización, Roy Cortina, no debe ser un Ejecutivo de transición sino a la Legislatura a quien le corresponde fijar la fecha. El diputado del partido recientemente electo, Rodrigo Herrera Bravo, manifestó que el actual Jefe de Gobierno deja inconclusa la transición, razón por la cual debe cumplirse lo establecido por la ley antes de fijar una fecha.
La planificación, coordinación y gestión del Área Metropolitana es una de las cuestiones pendientes. Si bien existe un amplio consenso sobre la necesidad de una autoridad metropolitana, los diferentes actores de la región deberían generar acciones que la promuevan o fomenten mediante pasos intermedios.
Para ello, el Gobierno de la Ciudad debe tener una política de Estado metropolitana. En este sentido, se ha insistido en la búsqueda de alternativas que impulsen la planificación, coordinación y gestión del área metropolitana desde la ciudad.
A partir de lo elaborado en las dimensiones de trabajo, el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico remitió al Jefe de Gobierno una recomendación, en la cual se le señala la importancia que tiene jerarquizar una política de Estado para la Región Metropolitana y se advierte sobre la postergación de soluciones que implica no tenerla. En tal sentido, desde el Consejo de Planeamiento Estratégico, se recomendó:
- Asignar la responsabilidad de la política metropolitana a un área de jerarquía relevante del Gobierno de la Ciudad, la que resultará encargada de la relación con los municipios del conurbano, la provincia de Buenos Aires y la Nación en estos temas. [1]
- Adaptar oportunamente la Ley de Ministerios y las políticas de la Ciudad a esta recomendación.
- Definir en ese contexto una política metropolitana integral del Gobierno de la Ciudad que contemple, entre otros, los temas referidos a: movilidad, infraestructura, disposición final de residuos, provisión de agua, tratamiento de efluentes, ect.
Para sustentar una política de Estado en este plano se insiste en las siguientes acciones:
- Designar como “Miembros Honorarios” del Consejo de Planeamiento Estratégico a los intendentes del área metropolitana e insistir en esta convocatoria ante el inicio de nuevos mandatos en todos los distritos tras las elecciones de 2007.
- Avanzar en un diálogo impostergable para ofrecer mejores respuestas a la región metropolitana, en la que vive un tercio de los argentinos y solicitar que los líderes políticos de los distritos dejen de lado cuestiones menores. En el 2003 ya hubo una iniciativa similar del Consejo en pos de un acuerdo cuatripartito entre Nación, Ciudad, Provincia, y Municipios por la integración metropolitana.
- Contribuir con los aportes que resultan de los trabajos de las diferentes dimensiones del Consejo al documento de lineamientos estratégicos para el área metropolitana presentados por la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, se ha venido participando en jornadas de intercambio, entre ellas la de la celebración del día mundial del Urbanismo en el 2006.
- Insistir en la reforma o derogación de la ley 24588, conocida como Ley Cafiero, ante el debate del Congreso de la Nación sobre la autonomía de la Ciudad, y avanzar en una mayor articulación con los municipios y las distintas jurisdicciones del área metropolitana.
- Insistir en la necesidad de la descentralización en comunas, como contracara de la concentración del gobierno central en los temas estratégicos con una visión metropolitana, en un proceso de afirmación de la autonomía municipal.
Se recuerda que en los documentos de avance, en la formulación del Plan Estratégico Buenos Aires 2010 y en el documento “Reafirmando el Rumbo Estratégico”, la cuestión fue la de la planificación, la coordinación y la gestión interjurisdiccional del Área Metropolitana. Se trató de promover la existencia de instancias jurídicas y de gestión interjurisdiccionales para los temas que precisan tratamiento a nivel metropolitano. Entre las acciones tipo se señaló:
-Participación de la ciudad en la planificación y coordinación de la modernización de las infraestructuras aéreas, marítima, fluvial y terrestre del sistema metropolitano.
-Implementación de un convenio en materia de medio ambiente
-Diseño de estrategias comunes de prevención del delito y de la violencia.
-Desarrollo de mecanismos de participación y control ciudadano en los organismos inter jurisdiccionales.
-Implementación de mecanismos de consulta y coordinación interjurisdiccional entre los entes reguladores de los servicios públicos
-Creación de un Foro Metropolitano de Planes Estratégicos
El Plan de trabajo 2008 debe tener como uno de sus ejes elaborar una política de Estado para el área metropolitana.
[1] Esta recomendación fue tenida en cuenta en la modificación del Proyecto de Ley de Ministerios aprobado recientemente por la Legislatura.
2.- Comunas
La Constitución porteña establece en el Título VI del Libro Segundo la existencia de Comunas, entendidas como “unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial”.
La Descentralización es un eje claramente estratégico con relación al futuro de Buenos Aires. Implica una fuerte apuesta en el sentido del fomento de la participación ciudadana. Su puesta en marcha debería mejorar la eficiencia del gasto; definir los lineamientos para el desarrollo local y precisar las demandas locales a través de la participación ciudadana, mejorar la atención y solución de los reclamos, intervenir en el control de las prestaciones de servicios; y en definitiva lograr una calidad de vida superior, potenciando el ámbito barrial para afianzar su identidad.
De acuerdo al mandato constitucional, las comunas debían ponerse en marcha a más tardar, en octubre de 2001. Ante el incumplimiento de los plazos, algunas organizaciones miembro del Consejo intervinieron con presentaciones judiciales que obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia. Han transcurrido casi 6 años de esa fecha, y si bien la ley fue sancionada por la Legislatura en el año 2005, queda pendiente la convocatoria a elecciones de autoridades comunales, fecha que recientemente la Legislatura fijó para agosto del 2008.
Desde la creación del Consejo de Planeamiento Estratégico, el trabajo y el aporte relativo a las Comunas fue constante. Por un lado, llamando la atención respecto del incumplimiento de la Constitución. Por otro, realizando numerosas actividades que aporten a la discusión, debate y tratamiento del tema.
Recordemos que en el año 2003 el Consejo ejerció por primera vez la iniciativa legislativa, por unanimidad del Comité Ejecutivo, presentando un proyecto de Ley de Comunas.
El CoPE trabajó en criterios para la puesta en marcha de la ley. Se elaboró un aporte con sugerencias y recomendaciones para una mejor implementación de la descentralización y la participación.
Los principales ejes del documento son la descentralización, la participación, el gobierno de las comunas, el presupuesto, el sistema electoral y la mediación de conflictos.
Algunas preocupaciones del Consejo se refieren a que la puesta en marcha de las comunas no incremente el gasto público, sino que se realice a través de la reasignación de las partidas de los servicios que se descentralicen.
Las comunas deben aspirar a ser un ámbito ideal para diseñar un nuevo modelo de administración, orientado a los vecinos, con un cuerpo profesional idóneo, meritocrático, no clientelista.
Recientemente y ante el próximo cambio de gobierno, el Consejo organizó un seminario sobre el tema, convocando a todas las fuerzas políticas, como un modo de reafirmar el compromiso que, desde el inicio, en plena crisis del 2001-2002, mantiene con el respeto a la Constitución y las normas.
Más allá de las diferentes posiciones, y de acuerdo a las diferentes exposiciones, se destaca, la coincidencia en el objetivo final y en la naturaleza resistente a ceder poder cuando se lo tiene.[2]
Aportes del seminario
Para el Consejo fue importante reunir a las distintas expresiones en un auditorio colmado, del que participaron varios de los colegios profesionales, sindicatos, cámaras, ONGs y entidades miembro, organizaciones locales, prensa barrial y personal de carrera de la descentralización.
En el panel sobre Debate Constitucional el Dr. Daniel A. Sabsay, Director Ejecutivo de FARN y profesor de Derecho Constitucional, reivindicó el trabajo de la comisión académica consultiva para la ley de Comunas que integró en 1999/2000, convocada por el Programa de Descentralización. También un documento más reciente para poner en marcha de inmediato la ley y objetó la idea de una reforma constitucional antes de respetarla. A su criterio el modelo constitucional porteño no funciona aún en plenitud, al momento asistimos a un ensayo. Con respecto a la participación, apeló al tango: se necesitan dos para bailarlo, instituciones que respeten las normas y una sociedad que se movilice para exigir el respeto a sus derechos. En ese sentido, se refirió a una actitud ciudadana perezosa en apoderarse de los instrumentos participativos. El Dr. Jorge Rodríguez Mancini, profesor de Derecho, premio Konex y representante de la Acción Católica Argentina en el Comité Ejecutivo, señaló que el incumplimiento de la Constitución se inscribe en una cultura de anomia general en el respeto de la ley. Reivindicó la participación, establecida como derecho en la Constitución y como condición para la realización personal en la doctrina social de la Iglesia. Mencionó la responsabilidad colectiva de los gobernantes en la postergación de las comunas y apeló a la buena fe en los argumentos políticos. Finalmente señaló que el antecedente de un órgano consultivo como el Consejo, que no es debidamente tenido en cuenta, sienta un mal pronóstico para los Consejos de la Comunidad. A pesar de la facultad de iniciativa legislativa, recordó que de una presencia en cierto modo formal, a la ausencia lisa y llana, no ha quedado demostrado un compromiso de los Jefes de Gobierno. Prueba de esto es la carta enviada al actual jefe de Gobierno en el 2006 y aún no respondida.
En el debate territorial y social, un delegado de SUTECBA en la descentralización manifestó el compromiso de los trabajadores en los servicios que se prestan en los barrios y con la puesta en marcha de las comunas. Reivindicó una especialización en administración comunal, dado el tipo de trabajo polivalente que se realiza. El representante de UPCN, Fernando Barrera, habló de la profesionalización de la administración y del compromiso de los trabajadores públicos. Más allá de los convenios colectivos, señaló la importancia del resultado final del trabajo, con el marco ideológico y político de la descentralización, en una visión más general del rol del Estado. Cristina de Ciervo, por el grupo de género, reivindicó esa perspectiva en general y en la descentralización en particular.
Martín Marazzi, ex director de la USIG, tituló a su presentación “Fundamentos políticos, pretextos técnicos” e hizo una demostración práctica y contundente de cómo se puede resolver la cuestión de los padrones sin ninguna dificultad, sembrando dudas sobre la necesidad de recursos cuantiosos y prolongación de tiempos cualquiera sea la división. Israel Mahler, ex presidente de la UIA y ex Vicepresidente del Consejo, llamó al respeto a la ley, señaló con claridad lo que las comunas pueden hacer y lo que pueden ayudar a controlar y resaltó, con altura, el compromiso de los profesionales de la administración pública con un ámbito de trabajo que de resultados a la sociedad, manifestado por los representantes de las organizaciones gremiales.
[2] Según las posiciones del Dr. Enrique Olivera y Sebastián Gramajo, representantes de los bloques políticos de la Coalición Cívica y del Frente para la Victoria respectivamente, fijar una fecha de elecciones disparará los pasos pendientes de la transición. Para el ministro de Gestión Pública y Descentralización, Roy Cortina, no debe ser un Ejecutivo de transición sino a la Legislatura a quien le corresponde fijar la fecha. El diputado del partido recientemente electo, Rodrigo Herrera Bravo, manifestó que el actual Jefe de Gobierno deja inconclusa la transición, razón por la cual debe cumplirse lo establecido por la ley antes de fijar una fecha.
3.- Profesionalización del Estado[1]
En una Ciudad como Buenos Aires, cuyo Estado local tiene amplias competencias (con la perspectiva de tener aún más en el futuro) y una planta de personal de mas de 100.000 efectivos, la cuestión de la calidad de la gestión resulta de particular importancia.
En el 2004 la Ciudad comenzó a implementar la Ley 471 que regula el empleo público, creándose una nueva carrera administrativa que reúne al personal en distintos grupos, profesional, técnico, administrativo, y de servicios operativos, según la tarea desarrollada y la capacitación necesaria para realizarla. A su vez, dentro de cada grupo existen distintos tramos y niveles que constituyen la carrera horizontal, accediéndose a ellos por criterios de mérito.
Si bien la aplicación de esta carrera está en marcha su implementación será gradual. Se prevé que se apliquen mecanismos de selección y concurso para todos los cargos, evaluaciones de desempeño del personal, concursos para el ascenso vertical a cargos vacantes y capacitaciones obligatorias para la promoción.
El Consejo de Planeamiento Estratégico desea llamar la atención sobre la necesidad de poner en práctica mecanismos transparentes de concurso que garanticen la idoneidad y capacidad del personal que se incorpora al Estado, evitando prácticas clientelares que deterioran tanto la calidad de la gestión pública como la legitimidad de la representación política, duplicando estructuras y debilitando al Estado.
Por otro lado, la modernización del Estado requiere también de una gestión estratégica de la información, que permitiría reducir los costos, en tiempo y en presupuesto, agilizar la toma de decisiones y posibilitar un mejor acceso de los ciudadanos a la información sobre la gestión pública. La actual falta de integración de los procesos de gestión, la dispersión de las bases de datos y la permanencia de tecnología obsoleta dificultan la celeridad de respuesta estatal, y bloquean, además el cumplimiento de las normas de control y la sanción de las infracciones, perjudicando la transparencia que cualquier gestión eficiente demanda.
La cuestión de la calidad de la gestión pública será de mayor importancia aún al efectivizarse la futura transferencia de competencias de la Nación a la Ciudad, acompañadas de personal y partidas presupuestarias. Se requerirán reformas que resuelvan los problemas más serios de las áreas a transferir, como la disponibilidad de datos sobre la propiedad inmueble, cuya falta de actualización dificulta el cobro de impuestos; el acceso a la Justicia, dificultado por la lentitud de los Tribunales, su concentración y sus restringidos horarios; y el control social sobre las fuerzas de seguridad.
Finalmente, en cuanto al rol del Estado, hay que encontrar un equilibrio entre lo público indelegable y lo que puede ser sustituido por terceros, con su debida regulación y control.
[1] Fernando Barrera, representante de UPCN, en la Asamblea del 19 de octubre del 2007, sostuvo que la profesionalización del Estado implica avanzar en la idoneidad, en la calidad de gestión, en la carrera administrativa para su personal y la posibilidad de desarrollar políticas y herramientas concretas para hacer más eficiente la gestión. La profesionalización es sinónimo de eficiencia, y lo que se busca es un Estado más eficiente para que las políticas estratégicas que se puedan seguir elaborando, diseñando o planificando puedan tener una práctica concreta.
En una Ciudad como Buenos Aires, cuyo Estado local tiene amplias competencias (con la perspectiva de tener aún más en el futuro) y una planta de personal de mas de 100.000 efectivos, la cuestión de la calidad de la gestión resulta de particular importancia.
En el 2004 la Ciudad comenzó a implementar la Ley 471 que regula el empleo público, creándose una nueva carrera administrativa que reúne al personal en distintos grupos, profesional, técnico, administrativo, y de servicios operativos, según la tarea desarrollada y la capacitación necesaria para realizarla. A su vez, dentro de cada grupo existen distintos tramos y niveles que constituyen la carrera horizontal, accediéndose a ellos por criterios de mérito.
Si bien la aplicación de esta carrera está en marcha su implementación será gradual. Se prevé que se apliquen mecanismos de selección y concurso para todos los cargos, evaluaciones de desempeño del personal, concursos para el ascenso vertical a cargos vacantes y capacitaciones obligatorias para la promoción.
El Consejo de Planeamiento Estratégico desea llamar la atención sobre la necesidad de poner en práctica mecanismos transparentes de concurso que garanticen la idoneidad y capacidad del personal que se incorpora al Estado, evitando prácticas clientelares que deterioran tanto la calidad de la gestión pública como la legitimidad de la representación política, duplicando estructuras y debilitando al Estado.
Por otro lado, la modernización del Estado requiere también de una gestión estratégica de la información, que permitiría reducir los costos, en tiempo y en presupuesto, agilizar la toma de decisiones y posibilitar un mejor acceso de los ciudadanos a la información sobre la gestión pública. La actual falta de integración de los procesos de gestión, la dispersión de las bases de datos y la permanencia de tecnología obsoleta dificultan la celeridad de respuesta estatal, y bloquean, además el cumplimiento de las normas de control y la sanción de las infracciones, perjudicando la transparencia que cualquier gestión eficiente demanda.
La cuestión de la calidad de la gestión pública será de mayor importancia aún al efectivizarse la futura transferencia de competencias de la Nación a la Ciudad, acompañadas de personal y partidas presupuestarias. Se requerirán reformas que resuelvan los problemas más serios de las áreas a transferir, como la disponibilidad de datos sobre la propiedad inmueble, cuya falta de actualización dificulta el cobro de impuestos; el acceso a la Justicia, dificultado por la lentitud de los Tribunales, su concentración y sus restringidos horarios; y el control social sobre las fuerzas de seguridad.
Finalmente, en cuanto al rol del Estado, hay que encontrar un equilibrio entre lo público indelegable y lo que puede ser sustituido por terceros, con su debida regulación y control.
[1] Fernando Barrera, representante de UPCN, en la Asamblea del 19 de octubre del 2007, sostuvo que la profesionalización del Estado implica avanzar en la idoneidad, en la calidad de gestión, en la carrera administrativa para su personal y la posibilidad de desarrollar políticas y herramientas concretas para hacer más eficiente la gestión. La profesionalización es sinónimo de eficiencia, y lo que se busca es un Estado más eficiente para que las políticas estratégicas que se puedan seguir elaborando, diseñando o planificando puedan tener una práctica concreta.
4.- Evaluación Ambiental Estratégica [1]
La Ciudad de Buenos Aires necesita mejorar las herramientas que permitan justificar las decisiones que se toman sobre planes y programas de acuerdo a instrumentos de gestión que prevé la Constitución de la Ciudad. (Art 27 y 30) [2]
El Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) promueve una iniciativa legislativa para permitir (i) la consideración de diferentes alternativas que justifiquen la elección de aquella que se retuvo, (ii) la consideración de los impactos acumulados de varios proyectos individuales, (iii) asegurar el acceso a la información, la participación y la transparencia desde el principio, (iv) la independencia del evaluador del evaluado, y (v) una gestión estratégica de la información que permita integrar diversos emprendimientos con la planificación y la gestión de la ciudad.
El último punto de referencia es un taller realizado en el Centro Argentino de Ingenieros el mes de septiembre pasado por el Consejo de Planeamiento Estratégico sobre Evaluación Ambiental Estratégica, en el cual participaron representantes de 15 organizaciones, especialistas y miembros del Ejecutivo, entre ellos el Ministro de Medio Ambiente de la Ciudad, Juan Manuel Velasco. Allí se consideraron los antecedentes trabajados en el CoPE, se precisaron definiciones conceptuales de algunos términos técnicos comúnmente utilizados y se definieron los aspectos que permitieron arribar al consenso en diversos puntos. El producto de este trabajo, será el que posibilitará poner a consideración un proyecto de ley.
A continuación se detallan algunos ejes en los que se centró el taller realizado.
La Evaluación Ambiental Estratégica es una política inclusiva y articuladora de los distintos actores relevantes involucrados. También logra establecer alternativas de acción con la consideración de escenarios supuestos lo que constituye una de las fuertes ventajas en el proceso de toma de decisiones. Esta herramienta de gestión le posibilitaría a la Cuidad Buenos Aires establecer un desarrollo urbano ambiental sustentable con políticas de estado evaluadas estratégicamente.
La Evaluación Ambiental Estratégica consiste en un proceso formal, sistémico y globalizador para evaluar las posibles repercusiones ambientales de las propuestas de políticas, planes y programas durante su proceso de elaboración. Dado su carácter preventivo y el nivel estratégico en el que se aplica, se trata de un instrumento con un marcado potencial de integración de las consideraciones ambientales en los procesos de toma de decisiones estratégicas (eso implica integrar los objetivos ambientales con los económicos y sociales).
El concepto de Evaluación Ambiental Estratégica, no equivale al de evaluación de impactos acumulativos ni, desde luego, al de evaluación de impactos ambientales (EIA). La legislación podrá elegir complementarlos o separarlos pero la distinción conceptual es a todas luces trascendente de cara al objeto del proyecto de ley y a fin de facilitar su comprensión por la legislatura y futuros alcanzados por la ley. Asimismo, de cara al principal objeto de la ley, es fundamental la coordinación con otros instrumentos de planificación y gestión mediante una visión estratégica[3].
La EAE puede (y, en realidad, debe) considerar los impactos acumulativos. Pero esta es una
deficiencia actual, dado que inclusive si ha eliminado el análisis de proyectos de mediano impacto (y mediano alto), la no consideración de impactos acumulados deja un margen de acción para la realización de proyectos poco sustentables. Este aspecto, bien podría complementarse con una reforma paralela a la normativa de EIA, a fin de incorporar tal elemento. Por su parte, la EAE, con distintos ámbitos materiales, territoriales y espaciales de actuación, no suplanta totalmente esta deficiencia, aún cuando incorpore una visión de impactos sinérgicos y acumulativos.
La EAE considera de forma sistémica todos los procesos de transformación con el objetivo de alcanzar las potencialidades, integrando los distintos planes y programas entre sí, en una etapa pre proyectual y en un determinado territorio. Considera por otra parte qué opciones o alternativas son las mejores, desde lo ambiental, para conseguir los objetivos globales. Permite decisiones estratégicas y un mayor margen de variación y con ello previene complicaciones socio-ambientales innecesarias y retrasos mientras el proyecto avanza en su gestación[4].
Son objetivos de la Evaluación Ambiental Estratégica:
a) Ser una herramienta esencial para el planeamiento estratégico de las políticas de desarrollo sustentable en la Ciudad.
b) Proveer un marco de referencia sobre las condiciones ambientales, sociales y económicas previas a la hora de analizar nuevas políticas, planes y programas en la Ciudad.
c) Proveer y analizar información precisa acerca de las consecuencias ambientales de las políticas, planes y programas a llevarse a cabo en territorio de la Ciudad.
d) Posibilitar mecanismos de gestión y articulación ambientales en el proceso de toma de decisión de los actores políticos clave.
e) Ser una herramienta decisiva en el análisis de la repercusión de las intervenciones territoriales programadas.
f) Propender al cumplimiento de los criterios de sustentabilidad en la aplicación de políticas urbanas en áreas estratégicas de la Ciudad.
Las ventajas de la aplicación de esta metodología residen en que:
- Permite detectar impactos negativos de grandes transformaciones que escapan al sistema tradicional de impacto ambiental.
- Permite analizar los impactos de múltiples proyectos interactuando entre sí.
- Hace posible analizar todas aquellas políticas, programas y proyectos que afectan al área o sector urbano estratégico y que podrían tener un impacto negativo en el mediano y largo plazo.
- Se constituye en un tipo de política preventiva del impacto ambiental del desarrollo urbano de
la Ciudad. De este modo hace posible que el desarrollo urbano sea sinónimo de desarrollo estratégico sustentable, y se encuentre contemplado por los lineamientos generales de las políticas preventivas en materia ambiental.
De los actuales procesos de evaluación se detallaron algunas de sus carencias:
La Evaluación de Impacto Ambiental continúa ligada al planeamiento físico urbano tradicional, la EAE debe aportar una visión claramente estratégica y contribuir al análisis de los planes y proyectos en la ciudad y su relación con la región metropolitana, con prácticas de gestión integradoras y coordinadas.
Asimismo la Ley 70, de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público, que es una de las normativas pertinentes que la Ciudad posee para asegurar la planificación estratégica en la formulación de políticas públicas, tiene posibilidades que todavía no han sido aprovechadas en este sentido. Es necesario continuar con el proceso de articulación entre las instituciones dedicadas a la planificación estratégica y las áreas que se ocupan de la acción de gobierno. Para ello se necesita tanto de un trabajo conjunto, en el ámbito de la planificación presupuestaria y financiera y en la labor de monitoreo y control del grado de cumplimiento de las metas presupuestarias, así como en el desarrollo de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Precisamente en la formulación de indicadores específicos sobre los efectos ambientales de los planes y programas en los que está expresada la acción de gobierno, hay una forma de aplicar estos principios sin duplicar estructuras ni esfuerzos. Esto requiere, por supuesto, que no haya programas por fuera de la ley de administración financiera, como inadmisiblemente ocurre con ciertas infraestructuras.
[1] En la Asamblea realizada el 19 de Octubre de 2007, el Sr. Manlio Widler de la Fundación Argentina para los Espacios Verdes, lamentó no contar con la Ley de EAE aún, ya que podría haber servido de herramienta evaluadora en muchos conflictos y darle trascendencia al Plan Estratégico promoviendo una ley de importancia.
Mora Arauz, representante de la Fundación Ciudad manifiesta que si bien considera la EAE una herramienta de fundamental importancia, lo elaborado hasta ahora es insuficiente para un proyecto de ley.
[2]CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
articulo 27.- La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve:
1. La preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales que son de su dominio.
2. La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora.
3. La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común.
4. La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica.
5. La protección de la fauna urbana y el respeto por su vida: controla su salubridad, evita la crueldad y controla su reproducción con métodos éticos.
6. La protección, saneamiento, control de la contaminación y mantenimiento de las áreas costeras del Río de la Plata y de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas hídricas y de los acuíferos.
7. La regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y privado.
8. La provisión de los equipamientos comunitarios y de las infraestructuras de servicios según criterios de equidad social.
9. La seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia energética en el tránsito y el transporte.
10. La regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y desechos, que comporten riesgos.
11. El uso racional de materiales y energía en el desarrollo del hábitat.
12. Minimizar volúmenes y peligrosidad en la generación, transporte, tratamiento, recuperación y disposición de residuos.
13. Un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de tecnologías no contaminantes y la disminución en la generación de residuos industriales.
14. La educación ambiental en todas las modalidades y niveles.
ARTICULO 30.- Establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública.
La Ciudad de Buenos Aires necesita mejorar las herramientas que permitan justificar las decisiones que se toman sobre planes y programas de acuerdo a instrumentos de gestión que prevé la Constitución de la Ciudad. (Art 27 y 30) [2]
El Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) promueve una iniciativa legislativa para permitir (i) la consideración de diferentes alternativas que justifiquen la elección de aquella que se retuvo, (ii) la consideración de los impactos acumulados de varios proyectos individuales, (iii) asegurar el acceso a la información, la participación y la transparencia desde el principio, (iv) la independencia del evaluador del evaluado, y (v) una gestión estratégica de la información que permita integrar diversos emprendimientos con la planificación y la gestión de la ciudad.
El último punto de referencia es un taller realizado en el Centro Argentino de Ingenieros el mes de septiembre pasado por el Consejo de Planeamiento Estratégico sobre Evaluación Ambiental Estratégica, en el cual participaron representantes de 15 organizaciones, especialistas y miembros del Ejecutivo, entre ellos el Ministro de Medio Ambiente de la Ciudad, Juan Manuel Velasco. Allí se consideraron los antecedentes trabajados en el CoPE, se precisaron definiciones conceptuales de algunos términos técnicos comúnmente utilizados y se definieron los aspectos que permitieron arribar al consenso en diversos puntos. El producto de este trabajo, será el que posibilitará poner a consideración un proyecto de ley.
A continuación se detallan algunos ejes en los que se centró el taller realizado.
La Evaluación Ambiental Estratégica es una política inclusiva y articuladora de los distintos actores relevantes involucrados. También logra establecer alternativas de acción con la consideración de escenarios supuestos lo que constituye una de las fuertes ventajas en el proceso de toma de decisiones. Esta herramienta de gestión le posibilitaría a la Cuidad Buenos Aires establecer un desarrollo urbano ambiental sustentable con políticas de estado evaluadas estratégicamente.
La Evaluación Ambiental Estratégica consiste en un proceso formal, sistémico y globalizador para evaluar las posibles repercusiones ambientales de las propuestas de políticas, planes y programas durante su proceso de elaboración. Dado su carácter preventivo y el nivel estratégico en el que se aplica, se trata de un instrumento con un marcado potencial de integración de las consideraciones ambientales en los procesos de toma de decisiones estratégicas (eso implica integrar los objetivos ambientales con los económicos y sociales).
El concepto de Evaluación Ambiental Estratégica, no equivale al de evaluación de impactos acumulativos ni, desde luego, al de evaluación de impactos ambientales (EIA). La legislación podrá elegir complementarlos o separarlos pero la distinción conceptual es a todas luces trascendente de cara al objeto del proyecto de ley y a fin de facilitar su comprensión por la legislatura y futuros alcanzados por la ley. Asimismo, de cara al principal objeto de la ley, es fundamental la coordinación con otros instrumentos de planificación y gestión mediante una visión estratégica[3].
La EAE puede (y, en realidad, debe) considerar los impactos acumulativos. Pero esta es una
deficiencia actual, dado que inclusive si ha eliminado el análisis de proyectos de mediano impacto (y mediano alto), la no consideración de impactos acumulados deja un margen de acción para la realización de proyectos poco sustentables. Este aspecto, bien podría complementarse con una reforma paralela a la normativa de EIA, a fin de incorporar tal elemento. Por su parte, la EAE, con distintos ámbitos materiales, territoriales y espaciales de actuación, no suplanta totalmente esta deficiencia, aún cuando incorpore una visión de impactos sinérgicos y acumulativos.
La EAE considera de forma sistémica todos los procesos de transformación con el objetivo de alcanzar las potencialidades, integrando los distintos planes y programas entre sí, en una etapa pre proyectual y en un determinado territorio. Considera por otra parte qué opciones o alternativas son las mejores, desde lo ambiental, para conseguir los objetivos globales. Permite decisiones estratégicas y un mayor margen de variación y con ello previene complicaciones socio-ambientales innecesarias y retrasos mientras el proyecto avanza en su gestación[4].
Son objetivos de la Evaluación Ambiental Estratégica:
a) Ser una herramienta esencial para el planeamiento estratégico de las políticas de desarrollo sustentable en la Ciudad.
b) Proveer un marco de referencia sobre las condiciones ambientales, sociales y económicas previas a la hora de analizar nuevas políticas, planes y programas en la Ciudad.
c) Proveer y analizar información precisa acerca de las consecuencias ambientales de las políticas, planes y programas a llevarse a cabo en territorio de la Ciudad.
d) Posibilitar mecanismos de gestión y articulación ambientales en el proceso de toma de decisión de los actores políticos clave.
e) Ser una herramienta decisiva en el análisis de la repercusión de las intervenciones territoriales programadas.
f) Propender al cumplimiento de los criterios de sustentabilidad en la aplicación de políticas urbanas en áreas estratégicas de la Ciudad.
Las ventajas de la aplicación de esta metodología residen en que:
- Permite detectar impactos negativos de grandes transformaciones que escapan al sistema tradicional de impacto ambiental.
- Permite analizar los impactos de múltiples proyectos interactuando entre sí.
- Hace posible analizar todas aquellas políticas, programas y proyectos que afectan al área o sector urbano estratégico y que podrían tener un impacto negativo en el mediano y largo plazo.
- Se constituye en un tipo de política preventiva del impacto ambiental del desarrollo urbano de
la Ciudad. De este modo hace posible que el desarrollo urbano sea sinónimo de desarrollo estratégico sustentable, y se encuentre contemplado por los lineamientos generales de las políticas preventivas en materia ambiental.
De los actuales procesos de evaluación se detallaron algunas de sus carencias:
La Evaluación de Impacto Ambiental continúa ligada al planeamiento físico urbano tradicional, la EAE debe aportar una visión claramente estratégica y contribuir al análisis de los planes y proyectos en la ciudad y su relación con la región metropolitana, con prácticas de gestión integradoras y coordinadas.
Asimismo la Ley 70, de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público, que es una de las normativas pertinentes que la Ciudad posee para asegurar la planificación estratégica en la formulación de políticas públicas, tiene posibilidades que todavía no han sido aprovechadas en este sentido. Es necesario continuar con el proceso de articulación entre las instituciones dedicadas a la planificación estratégica y las áreas que se ocupan de la acción de gobierno. Para ello se necesita tanto de un trabajo conjunto, en el ámbito de la planificación presupuestaria y financiera y en la labor de monitoreo y control del grado de cumplimiento de las metas presupuestarias, así como en el desarrollo de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Precisamente en la formulación de indicadores específicos sobre los efectos ambientales de los planes y programas en los que está expresada la acción de gobierno, hay una forma de aplicar estos principios sin duplicar estructuras ni esfuerzos. Esto requiere, por supuesto, que no haya programas por fuera de la ley de administración financiera, como inadmisiblemente ocurre con ciertas infraestructuras.
[1] En la Asamblea realizada el 19 de Octubre de 2007, el Sr. Manlio Widler de la Fundación Argentina para los Espacios Verdes, lamentó no contar con la Ley de EAE aún, ya que podría haber servido de herramienta evaluadora en muchos conflictos y darle trascendencia al Plan Estratégico promoviendo una ley de importancia.
Mora Arauz, representante de la Fundación Ciudad manifiesta que si bien considera la EAE una herramienta de fundamental importancia, lo elaborado hasta ahora es insuficiente para un proyecto de ley.
[2]CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
articulo 27.- La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve:
1. La preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales que son de su dominio.
2. La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora.
3. La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común.
4. La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica.
5. La protección de la fauna urbana y el respeto por su vida: controla su salubridad, evita la crueldad y controla su reproducción con métodos éticos.
6. La protección, saneamiento, control de la contaminación y mantenimiento de las áreas costeras del Río de la Plata y de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas hídricas y de los acuíferos.
7. La regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y privado.
8. La provisión de los equipamientos comunitarios y de las infraestructuras de servicios según criterios de equidad social.
9. La seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia energética en el tránsito y el transporte.
10. La regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y desechos, que comporten riesgos.
11. El uso racional de materiales y energía en el desarrollo del hábitat.
12. Minimizar volúmenes y peligrosidad en la generación, transporte, tratamiento, recuperación y disposición de residuos.
13. Un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de tecnologías no contaminantes y la disminución en la generación de residuos industriales.
14. La educación ambiental en todas las modalidades y niveles.
ARTICULO 30.- Establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública.
[3] Tal como señala la Real Academia Española estrategia es “Arte, traza para dirigir un asunto o bien un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento”.
[4] Como ejemplo se ha citado: si la política energética no consideró los efectos de fomentar sistemas de generación de energía ambientalmente inadecuados, difícilmente al proyecto específico se le podrá exigir que su generación de energía sea ambientalmente sustentable.
5.- Plan Urbano Ambiental. Perspectiva Preliminar del CoPE [1]
El Consejo de Planeamiento Estratégico ha considerado como actitud primordial la de realizar aportes al Plan Urbano Ambiental de manera de ser constructivos con la participación realizada como cuerpo o a través de las organizaciones miembro. Por eso, se promueve y destaca la importancia de la discusión y tratamiento de ese documento aunque las posiciones sean divergentes sobre su contenido.
Sobre el mencionado tratamiento, se señalan algunos puntos sobre los que habría que evaluar la consistencia entre las propuestas del CoPE y las estrategias, acciones y propuestas instrumentales planteadas en el documento enviado por el Ejecutivo. En particular, se considera indispensable la consistencia entre éstas y la gestión en temas tales como el sistema de movilidad, la vivienda y el hábitat de los sectores sociales de menores ingresos, las condiciones de calidad ambiental, el incremento, recuperación y mejoramiento del espacio público y la modernización y diversificación del tejido económico.
El objetivo de promover el transporte público y desalentar la dependencia del automóvil particular es prioridad del CoPE y aparece enunciado en el proyecto del PUA. No se entiende entonces que existan mecanismos excepcionales para ampliar accesos por la red de autopistas. Se plantea la necesidad de revisar otras experiencias tales como la de Santiago de Chile.
En materia de vivienda social son necesarios más elementos que permitan orientar las acciones para reflejar esa prioridad. También sería oportuno incorporar mecanismos que garanticen mayor equidad en el reparto de las cargas de los nuevos proyectos y desarrollar una política de anticipación en materia de redes de infraestructura y equipamiento.
En su relación con cuestiones morfológicas se realizan planteos como la densificación de zonas no consolidadas y la promoción de tipologías edilicias que no generen situación de segregación social ni disrupciones morfológicas.
Esta situación requiere de definiciones sobre cómo y dónde, bajo que condiciones se promueve la tipología de edificio de perímetro libre y/o los barrios o sectores urbanos a proteger, por ejemplo, para que se pueda reformar el Código de Planeamiento Urbano sobre pautas claras.
En relación a las herramientas de gestión se señala que las propuestas instrumentales planteadas se realizan a un nivel teórico por lo que existe una necesidad de realizar un análisis critico de las herramientas vigentes que efectivamente se aplican y orientan la gestión.
Asimismo, se considera necesario reflexionar sobre algunas cuestiones, tales como:
- Tomar posición frente a herramientas que existen hoy
- Tratar en el presupuesto y en el plan de inversiones el conjunto de las inversiones, sin circuitos paralelos
- Mejorar los sistemas de consulta pública y apertura de información (ej.: grandes proyectos de infraestructura)
- Diseñar procedimientos que garanticen la consideración de alternativas (EAE, EIA),
- Gestión estratégica de la información, sobre bases consolidadas de proyectos.
- Una política metropolitana de la ciudad, que merece una consideración aparte.
- Mayor consistencia entre los objetivos más generales, que tienden a inscribirse en los enunciados por el CoPE, y la realidad operativa de cada planteo temático.
[1] En la Asamblea del 19 de octubre, Mora Arauz, señaló que la Fundación Ciudad participa en el Consejo del Plan Estratégico (CoPE) y en el Plan Urbano Ambiental (PUA) y en su opinión no existen incongruencias entre los dos documentos y sostuvo que el documento del Plan Estratégico es el marco más general que luego tiene un reflejo con la planificación física.
El Ing. José Chelmicki, en representación de la Unión Argentina de Ingenieros, sostuvo que es necesario elaborar un documento que profundice las coincidencias y divergencias entre los documentos del CoPE y PUA y que las entidades que nuclea a los ingenieros promueven la aprobación de un Plan Urbano que responda a la visión del Plan Estratégico.
El Consejo de Planeamiento Estratégico ha considerado como actitud primordial la de realizar aportes al Plan Urbano Ambiental de manera de ser constructivos con la participación realizada como cuerpo o a través de las organizaciones miembro. Por eso, se promueve y destaca la importancia de la discusión y tratamiento de ese documento aunque las posiciones sean divergentes sobre su contenido.
Sobre el mencionado tratamiento, se señalan algunos puntos sobre los que habría que evaluar la consistencia entre las propuestas del CoPE y las estrategias, acciones y propuestas instrumentales planteadas en el documento enviado por el Ejecutivo. En particular, se considera indispensable la consistencia entre éstas y la gestión en temas tales como el sistema de movilidad, la vivienda y el hábitat de los sectores sociales de menores ingresos, las condiciones de calidad ambiental, el incremento, recuperación y mejoramiento del espacio público y la modernización y diversificación del tejido económico.
El objetivo de promover el transporte público y desalentar la dependencia del automóvil particular es prioridad del CoPE y aparece enunciado en el proyecto del PUA. No se entiende entonces que existan mecanismos excepcionales para ampliar accesos por la red de autopistas. Se plantea la necesidad de revisar otras experiencias tales como la de Santiago de Chile.
En materia de vivienda social son necesarios más elementos que permitan orientar las acciones para reflejar esa prioridad. También sería oportuno incorporar mecanismos que garanticen mayor equidad en el reparto de las cargas de los nuevos proyectos y desarrollar una política de anticipación en materia de redes de infraestructura y equipamiento.
En su relación con cuestiones morfológicas se realizan planteos como la densificación de zonas no consolidadas y la promoción de tipologías edilicias que no generen situación de segregación social ni disrupciones morfológicas.
Esta situación requiere de definiciones sobre cómo y dónde, bajo que condiciones se promueve la tipología de edificio de perímetro libre y/o los barrios o sectores urbanos a proteger, por ejemplo, para que se pueda reformar el Código de Planeamiento Urbano sobre pautas claras.
En relación a las herramientas de gestión se señala que las propuestas instrumentales planteadas se realizan a un nivel teórico por lo que existe una necesidad de realizar un análisis critico de las herramientas vigentes que efectivamente se aplican y orientan la gestión.
Asimismo, se considera necesario reflexionar sobre algunas cuestiones, tales como:
- Tomar posición frente a herramientas que existen hoy
- Tratar en el presupuesto y en el plan de inversiones el conjunto de las inversiones, sin circuitos paralelos
- Mejorar los sistemas de consulta pública y apertura de información (ej.: grandes proyectos de infraestructura)
- Diseñar procedimientos que garanticen la consideración de alternativas (EAE, EIA),
- Gestión estratégica de la información, sobre bases consolidadas de proyectos.
- Una política metropolitana de la ciudad, que merece una consideración aparte.
- Mayor consistencia entre los objetivos más generales, que tienden a inscribirse en los enunciados por el CoPE, y la realidad operativa de cada planteo temático.
[1] En la Asamblea del 19 de octubre, Mora Arauz, señaló que la Fundación Ciudad participa en el Consejo del Plan Estratégico (CoPE) y en el Plan Urbano Ambiental (PUA) y en su opinión no existen incongruencias entre los dos documentos y sostuvo que el documento del Plan Estratégico es el marco más general que luego tiene un reflejo con la planificación física.
El Ing. José Chelmicki, en representación de la Unión Argentina de Ingenieros, sostuvo que es necesario elaborar un documento que profundice las coincidencias y divergencias entre los documentos del CoPE y PUA y que las entidades que nuclea a los ingenieros promueven la aprobación de un Plan Urbano que responda a la visión del Plan Estratégico.
6.- Transporte y Movilidad [1]
El Consejo de Planeamiento Estratégico promovió desde sus comienzos la convivencia de los distintos modos de transporte, incluidos lo no motorizados, priorizando el transporte público y atendiendo al equilibrio entre economía, movilidad y calidad ambiental.
El Pacto de la Movilidad, inscripto en esos lineamientos y tomado como propio, define claramente la necesidad de dar prioridad a aquellas opciones de viaje que tengan el mayor potencial para reducir la congestión del tránsito, mejoren la calidad ambiental, la inserción social, promuevan el desarrollo sustentable, el intercambio de modos y que ofrezcan flexibilidad para la movilidad de la Ciudad en el corto, mediano y largo plazo. El Pacto fue firmado en un comienzo, por 28 entidades relacionadas con la temática del transporte, incluido el Jefe de Gobierno de la Ciudad, el Secretario de Transporte de la Nación, las cámaras y sindicatos de taxis y colectivos, los amigos de las avenidas, las asociaciones de ciclistas y las empresas públicas y privadas de subterráneos entre otros.
Para que esos objetivos estén alineados respecto de los proyectos que se anuncian como definitivos, es necesario contar con los estudios de factibilidad, los costos y financiación y la comparación con otras opciones y con evaluaciones estratégicas de impacto ambiental.
En otras palabras, es necesario brindar información a los ciudadanos sobre el por qué, el cuánto, el cómo y el impacto de estos proyectos sobre el medio ambiente urbano y su contribución para mejorar la situación de los sectores que requieren atención prioritaria.
Frente a los grandes proyectos de infraestructura, hubo una declaración firmada por 10 organizaciones miembro del Consejo y representativas de la Ciudad. Allí se menciona una especial preocupación por aquellos proyectos que por su afectación superan el ámbito territorial inmediato; aquellos que suponen la disponibilidad de territorios de particular valor ambiental, económico, social, cultural y simbólico para la Ciudad; comprometen recursos financieros en el presente y en el futuro y comprometen recursos naturales, funcionales y patrimoniales que debemos preservar para las futuras generaciones.
Asimismo el Consejo de Planeamiento Estratégico realizó algunas observaciones y aportes acerca del Plan Integral de Tránsito y Transporte en consideración de la gobernabilidad de lo que se propone. Se destaca la importancia de la articulación de acciones, tanto en lo jurisdiccional (subtes, autopistas, acciones de control de concesiones), como en lo interjurisdiccional (la relación con la Nación, la Provincia de Buenos Aires y los municipios del área metropolitana). Así, el aspecto de la gobernabilidad del transporte debe ser profundizado junto a la articulación interjurisdiccional.
En este sentido se insistió en incluir mecanismos de consulta pública, entendiendo que no hay planes estratégicos ni planes urbanos que funcionen sino los precede ese mecanismo que los legitime.
Tanto la prolongación de la red de subterráneos como los ferrocarriles son parte de la red metropolitana. El ingreso de gente del área metropolitana a la Ciudad no debe verse como un problema sino como parte fundamental de su vitalidad.
Es necesario profundizar sobre los aspectos del uso del suelo. De hecho debería servir para una discusión a fondo de los temas relativos al transporte en el proyecto de Plan Urbano Ambiental y en el Plan Estratégico metropolitano que coordina la Provincia de Buenos Aires.
Son necesarias referencias a montos de inversión y tiempos de ejecución de las obras mencionadas. Se sugirió anexar al documento los proyectos existentes dentro y fuera del presupuesto, dentro y fuera de la jurisdicción con la metodología de banco de proyectos como mínimo.
En la definición de consensos para la elaboración de un proyecto de Evaluación Ambiental Estratégica, se ha trabajado en una metodología que permitiría contar con alternativas a la hora de evaluar políticas de acción. Así, se amplía a la visión estratégica a diferentes alternativas (por ejemplo, viales, ferroviarias, de prioridades de circulación, etc.) para la ciudad y su región. En lugar de evaluaciones de impacto ambiental puntuales, como las que se hicieron sobre los distribuidores de la 9 de Julio y Sarmiento, es necesario hacer una evaluación sobre el conjunto.
[1] En la Asamblea realizada el 19 de Octubre el Ing. José Chelmicki en representación de la Unión Argentina de Ingenieros señaló que a su entender promover el Pacto de la Movilidad es condición necesaria pero no suficiente como respuesta al problema del transporte ya que es necesario elaborar un Plan vinculado no solo a la Ciudad de Buenos Aires sino que incluya el área metropolitana, con visión real y definición de presupuestos.
Samuel Lebendiker, representante del Mercado Central, se refirió a la importancia de incluir el tema del transporte de cargas, y las ventajas que tendría un centro de transferencia en el Mercado, punto estratégico de reunión de autopistas.
El Consejo de Planeamiento Estratégico promovió desde sus comienzos la convivencia de los distintos modos de transporte, incluidos lo no motorizados, priorizando el transporte público y atendiendo al equilibrio entre economía, movilidad y calidad ambiental.
El Pacto de la Movilidad, inscripto en esos lineamientos y tomado como propio, define claramente la necesidad de dar prioridad a aquellas opciones de viaje que tengan el mayor potencial para reducir la congestión del tránsito, mejoren la calidad ambiental, la inserción social, promuevan el desarrollo sustentable, el intercambio de modos y que ofrezcan flexibilidad para la movilidad de la Ciudad en el corto, mediano y largo plazo. El Pacto fue firmado en un comienzo, por 28 entidades relacionadas con la temática del transporte, incluido el Jefe de Gobierno de la Ciudad, el Secretario de Transporte de la Nación, las cámaras y sindicatos de taxis y colectivos, los amigos de las avenidas, las asociaciones de ciclistas y las empresas públicas y privadas de subterráneos entre otros.
Para que esos objetivos estén alineados respecto de los proyectos que se anuncian como definitivos, es necesario contar con los estudios de factibilidad, los costos y financiación y la comparación con otras opciones y con evaluaciones estratégicas de impacto ambiental.
En otras palabras, es necesario brindar información a los ciudadanos sobre el por qué, el cuánto, el cómo y el impacto de estos proyectos sobre el medio ambiente urbano y su contribución para mejorar la situación de los sectores que requieren atención prioritaria.
Frente a los grandes proyectos de infraestructura, hubo una declaración firmada por 10 organizaciones miembro del Consejo y representativas de la Ciudad. Allí se menciona una especial preocupación por aquellos proyectos que por su afectación superan el ámbito territorial inmediato; aquellos que suponen la disponibilidad de territorios de particular valor ambiental, económico, social, cultural y simbólico para la Ciudad; comprometen recursos financieros en el presente y en el futuro y comprometen recursos naturales, funcionales y patrimoniales que debemos preservar para las futuras generaciones.
Asimismo el Consejo de Planeamiento Estratégico realizó algunas observaciones y aportes acerca del Plan Integral de Tránsito y Transporte en consideración de la gobernabilidad de lo que se propone. Se destaca la importancia de la articulación de acciones, tanto en lo jurisdiccional (subtes, autopistas, acciones de control de concesiones), como en lo interjurisdiccional (la relación con la Nación, la Provincia de Buenos Aires y los municipios del área metropolitana). Así, el aspecto de la gobernabilidad del transporte debe ser profundizado junto a la articulación interjurisdiccional.
En este sentido se insistió en incluir mecanismos de consulta pública, entendiendo que no hay planes estratégicos ni planes urbanos que funcionen sino los precede ese mecanismo que los legitime.
Tanto la prolongación de la red de subterráneos como los ferrocarriles son parte de la red metropolitana. El ingreso de gente del área metropolitana a la Ciudad no debe verse como un problema sino como parte fundamental de su vitalidad.
Es necesario profundizar sobre los aspectos del uso del suelo. De hecho debería servir para una discusión a fondo de los temas relativos al transporte en el proyecto de Plan Urbano Ambiental y en el Plan Estratégico metropolitano que coordina la Provincia de Buenos Aires.
Son necesarias referencias a montos de inversión y tiempos de ejecución de las obras mencionadas. Se sugirió anexar al documento los proyectos existentes dentro y fuera del presupuesto, dentro y fuera de la jurisdicción con la metodología de banco de proyectos como mínimo.
En la definición de consensos para la elaboración de un proyecto de Evaluación Ambiental Estratégica, se ha trabajado en una metodología que permitiría contar con alternativas a la hora de evaluar políticas de acción. Así, se amplía a la visión estratégica a diferentes alternativas (por ejemplo, viales, ferroviarias, de prioridades de circulación, etc.) para la ciudad y su región. En lugar de evaluaciones de impacto ambiental puntuales, como las que se hicieron sobre los distribuidores de la 9 de Julio y Sarmiento, es necesario hacer una evaluación sobre el conjunto.
[1] En la Asamblea realizada el 19 de Octubre el Ing. José Chelmicki en representación de la Unión Argentina de Ingenieros señaló que a su entender promover el Pacto de la Movilidad es condición necesaria pero no suficiente como respuesta al problema del transporte ya que es necesario elaborar un Plan vinculado no solo a la Ciudad de Buenos Aires sino que incluya el área metropolitana, con visión real y definición de presupuestos.
Samuel Lebendiker, representante del Mercado Central, se refirió a la importancia de incluir el tema del transporte de cargas, y las ventajas que tendría un centro de transferencia en el Mercado, punto estratégico de reunión de autopistas.
7.- Politicas de producción y políticas de inclusión social de sectores vulnerables[1]
La primera forma de inclusión es la de un sistema productivo que genere empleo y crecimiento para la Ciudad. Pero ese crecimiento debe generar oportunidades de inclusión para todos, con especial atención a los sectores más vulnerables.
A partir de la iniciativa compartida de algunas organizaciones que participan en el equipo de salud, la Coordinación del Plan Estratégico instaló la posibilidad de debatir el tema de envejecimiento en la Ciudad de Buenos Aires, considerando la tercera edad uno de los tantos sectores vulnerables.
El eje rector del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires proyectó una ciudad solidaria, participativa y pluralista.
Esta es la visión que favorecerá el bienestar y la calidad de vida de todos sus habitantes.
Para lograr su objetivo deberá orientar sus acciones en el marco de la participación ciudadana, debe ser una herramienta eficaz para el Gobierno y la comunidad a la hora de planificar con certeza las políticas respecto a un proyecto de ciudad pensado por la gente y para la gente de todas las edades.
Partiendo de la realidad, varias organizaciones que participan en el área de salud entendieron que la Ciudad de Buenos Aires está sufriendo desde hace varios años un cambio demográfico que ya la definió como una “ciudad envejecida”.
Esta transformación se instaló desde hace varios años en todas las ciudades del mundo moderno, poniendo en la agenda de los países más desarrollados el tema del envejecimiento poblacional, su análisis y tratamiento.
De los estudios internacionales se desprende que en los próximos 50 años se va casi a cuadruplicar el número de personas de edad en todo el mundo, pasando de unos 600 millones a casi 2.000 millones. Este fenómeno será más significativo en los países en vías de desarrollo.
Hoy una de cada 10 personas tiene 60 años o más, se espera que en el año 2050 una de cada cinco personas sea una persona de edad, para el 2150 una tercera parte de la población del planeta tenga 60 años o más.
Según datos de la OMS en los países desarrollados, la esperanza de vida ya se ubica en los 77 años y en algunos países como Japón roza los 80.
Argentina se ubica con Uruguay y Cuba entre los tres países latinoamericanos con más alta expectativa de vida.
Un informe reciente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sitúa la expectativa de vida en la Ciudad, en más de 72 años y ya hay estudios que proyectan para el año 2025 la expectativa de vida en nuestra ciudad podría rondar los 100 años.
Esta proyección determina que no sólo habrá en un futuro próximo un incremento en el número de personas de edad, sino también en su longevidad.
Datos publicados en diversos medios informan que el 24,2% de la población porteña tiene más de 60 años y de ese porcentaje la mayoría son mujeres.
A partir de estos datos las organizaciones opinaron que las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad deben prepararse para enfrentar el desafío de atender las necesidades de este grupo etáreo, respondiendo con políticas adecuadas.
El grupo de trabajo entiende que la situación descripta es al mismo tiempo un desafío y una oportunidad, y en ella el Plan Estratégico tiene un rol fundamental en el análisis de la realidad y la proyección de la problemática.
La temática que nos ocupa es transversal y compleja, y para su tratamiento se acordó una mirada integral ya que la vejez atraviesa todas las Dimensiones.
En Asambleas anteriores el CoPE estableció un eje rector consensuado para la Dimensión Social: “propender a la equidad social a través del desarrollo humano, la participación de todos los actores y el respeto por la diversidad”
El envejecimiento es un tema a tratar en el marco de esas acciones.
Se trató de dar un enfoque multidisciplinario, coordinando acciones que tiendan a elevar los estándares de la calidad de vida de nuestros mayores, ya que es muy importante como se va a vivir.
En la Asamblea del CoPE, de octubre de 2006 se aprobaron líneas de trabajo:
- Trabajar la temática en forma transversal e integral;
- Destacar la importancia de la participación de todos los actores;
- Invitar a los distintos referentes relacionados con la problemática del envejecimiento;
- Convocar a la Dirección de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.
Participaron de diversos encuentros organizaciones relacionadas con el tema como APDH, ALPI, y Asociación Gerontológico Argentina. Asimismo, concurrieron a las reuniones de trabajo referentes de la Dirección General de Tercera Edad, durante los encuentros las organizaciones participantes tuvieron la oportunidad de aclarar dudas sobre el tema y obtener información sobre la actividad de las distintas áreas dependientes de esa Dirección, así como de los distintos programas destinados a los adultos mayores.
Algunas de las conclusiones, entre otras, que las organizaciones presentaron:
- Fomentar un cambio en la cultura social que tienda a la inclusión de los adultos mayores en su seno familiar y en la comunidad.
- Evitar la institucionalización.
- Facilitar la incorporación de adultos mayores al ámbito laboral que en muchos casos sienten que de esa forma participan de la “sociedad activa”.
- Tratar de establecer programas, que sean concretos y sustentables.
- Trabajar en la educación y su relación con la vejez. Acordaron que los cambios deben realizarse desde la educación, para impulsar un cambio en la cultura de la sociedad.
- Introducir el tema envejecimiento en el Plan General de Salud que se comenzó a trabajar en el mes de julio del 2007. Actualmente, a partir de lo acordado, Salud y Envejecimiento comenzaron a trabajar en forma conjunta.
[1] En la Asamblea realizada el 19 de octubre del corriente, Hernán Vilar, representante de la Fundación Campos del Psicoanálisis, consideró la importancia de retomar el tema de la Violencia Escolar como lineamiento a trabajar y propuso la aprobación en general, pero con el compromiso de por lo menos nominalmente tomar todos los otros ejes que se han trabajado.
La primera forma de inclusión es la de un sistema productivo que genere empleo y crecimiento para la Ciudad. Pero ese crecimiento debe generar oportunidades de inclusión para todos, con especial atención a los sectores más vulnerables.
A partir de la iniciativa compartida de algunas organizaciones que participan en el equipo de salud, la Coordinación del Plan Estratégico instaló la posibilidad de debatir el tema de envejecimiento en la Ciudad de Buenos Aires, considerando la tercera edad uno de los tantos sectores vulnerables.
El eje rector del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires proyectó una ciudad solidaria, participativa y pluralista.
Esta es la visión que favorecerá el bienestar y la calidad de vida de todos sus habitantes.
Para lograr su objetivo deberá orientar sus acciones en el marco de la participación ciudadana, debe ser una herramienta eficaz para el Gobierno y la comunidad a la hora de planificar con certeza las políticas respecto a un proyecto de ciudad pensado por la gente y para la gente de todas las edades.
Partiendo de la realidad, varias organizaciones que participan en el área de salud entendieron que la Ciudad de Buenos Aires está sufriendo desde hace varios años un cambio demográfico que ya la definió como una “ciudad envejecida”.
Esta transformación se instaló desde hace varios años en todas las ciudades del mundo moderno, poniendo en la agenda de los países más desarrollados el tema del envejecimiento poblacional, su análisis y tratamiento.
De los estudios internacionales se desprende que en los próximos 50 años se va casi a cuadruplicar el número de personas de edad en todo el mundo, pasando de unos 600 millones a casi 2.000 millones. Este fenómeno será más significativo en los países en vías de desarrollo.
Hoy una de cada 10 personas tiene 60 años o más, se espera que en el año 2050 una de cada cinco personas sea una persona de edad, para el 2150 una tercera parte de la población del planeta tenga 60 años o más.
Según datos de la OMS en los países desarrollados, la esperanza de vida ya se ubica en los 77 años y en algunos países como Japón roza los 80.
Argentina se ubica con Uruguay y Cuba entre los tres países latinoamericanos con más alta expectativa de vida.
Un informe reciente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sitúa la expectativa de vida en la Ciudad, en más de 72 años y ya hay estudios que proyectan para el año 2025 la expectativa de vida en nuestra ciudad podría rondar los 100 años.
Esta proyección determina que no sólo habrá en un futuro próximo un incremento en el número de personas de edad, sino también en su longevidad.
Datos publicados en diversos medios informan que el 24,2% de la población porteña tiene más de 60 años y de ese porcentaje la mayoría son mujeres.
A partir de estos datos las organizaciones opinaron que las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad deben prepararse para enfrentar el desafío de atender las necesidades de este grupo etáreo, respondiendo con políticas adecuadas.
El grupo de trabajo entiende que la situación descripta es al mismo tiempo un desafío y una oportunidad, y en ella el Plan Estratégico tiene un rol fundamental en el análisis de la realidad y la proyección de la problemática.
La temática que nos ocupa es transversal y compleja, y para su tratamiento se acordó una mirada integral ya que la vejez atraviesa todas las Dimensiones.
En Asambleas anteriores el CoPE estableció un eje rector consensuado para la Dimensión Social: “propender a la equidad social a través del desarrollo humano, la participación de todos los actores y el respeto por la diversidad”
El envejecimiento es un tema a tratar en el marco de esas acciones.
Se trató de dar un enfoque multidisciplinario, coordinando acciones que tiendan a elevar los estándares de la calidad de vida de nuestros mayores, ya que es muy importante como se va a vivir.
En la Asamblea del CoPE, de octubre de 2006 se aprobaron líneas de trabajo:
- Trabajar la temática en forma transversal e integral;
- Destacar la importancia de la participación de todos los actores;
- Invitar a los distintos referentes relacionados con la problemática del envejecimiento;
- Convocar a la Dirección de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.
Participaron de diversos encuentros organizaciones relacionadas con el tema como APDH, ALPI, y Asociación Gerontológico Argentina. Asimismo, concurrieron a las reuniones de trabajo referentes de la Dirección General de Tercera Edad, durante los encuentros las organizaciones participantes tuvieron la oportunidad de aclarar dudas sobre el tema y obtener información sobre la actividad de las distintas áreas dependientes de esa Dirección, así como de los distintos programas destinados a los adultos mayores.
Algunas de las conclusiones, entre otras, que las organizaciones presentaron:
- Fomentar un cambio en la cultura social que tienda a la inclusión de los adultos mayores en su seno familiar y en la comunidad.
- Evitar la institucionalización.
- Facilitar la incorporación de adultos mayores al ámbito laboral que en muchos casos sienten que de esa forma participan de la “sociedad activa”.
- Tratar de establecer programas, que sean concretos y sustentables.
- Trabajar en la educación y su relación con la vejez. Acordaron que los cambios deben realizarse desde la educación, para impulsar un cambio en la cultura de la sociedad.
- Introducir el tema envejecimiento en el Plan General de Salud que se comenzó a trabajar en el mes de julio del 2007. Actualmente, a partir de lo acordado, Salud y Envejecimiento comenzaron a trabajar en forma conjunta.
[1] En la Asamblea realizada el 19 de octubre del corriente, Hernán Vilar, representante de la Fundación Campos del Psicoanálisis, consideró la importancia de retomar el tema de la Violencia Escolar como lineamiento a trabajar y propuso la aprobación en general, pero con el compromiso de por lo menos nominalmente tomar todos los otros ejes que se han trabajado.
8.-Políticas Públicas con Perspectiva de Género.[1]
Toda política pública debe ser el resultado del interactuar de distintas/os actoras/es de la sociedad que mediante compromisos y acuerdos dan solución a los problemas públicos. De ésta manera deben realizarse los procesos políticos de la toma de decisiones, sobre políticas públicas.
En cuanto al orden de género en particular compartimos la convicción, cada vez más aceptada, que toda política pública exige una transformación de las condiciones que generan injusticia en las sociedades, lo que lleva a consolidar un modelo de planificación estratégica inclusiva, como lo tienen en el mundo muchos Planes Estratégicos.
Trabajar en Políticas Públicas, implica trabajar en el planeamiento de todas las políticas, teniendo en cuenta los impactos posibles sobre la situación respectiva de los géneros.
Estas políticas deben significar una ampliación de ciudadanía para todas y todos, para lo cual es condición necesaria la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, implementación y seguimiento de las mismas.
En tal sentido se priorizan:
· La inclusión de la perspectiva de género en la planificación, instrumentación y contralor de las políticas públicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esto significa que todas las medidas y políticas, deben ser analizadas sistemáticamente desde la perspectiva de género, así como deben ser examinados los efectos al ponerlas en ejecución, específicamente con el fin de promover la “igualdad”.
Urbanismo y Políticas de Equidad, que significa promover el intercambio de experiencias e identificar “buenas prácticas” sobre el diseño de las ciudades desde la perspectiva de género, para que éstas sirvan como estímulo disparador de ideas y acciones en el marco de los lineamientos estratégicos del Plan.
Impulsar sobre la base de la “Recomendación” al Poder Ejecutivo de la Ciudad respecto a la instrumentación de estadísticas desagregadas por sexo y edad, que cada Ministerio, implemente en sus áreas de incumbencia, la metodología de información desagregada por sexo y edad, tal como lo establece la legislación vigente en la Ciudad (Ley 91/ 1998 y Ley 474/2000), y como lo recomiendan los Organismos Internacionales, específicamente el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
· Promover políticas descentralizadas de igualdad de oportunidades y trato, a través de la elaboración de un Proyecto de Ley, dirigido a garantizar la implementación de políticas con perspectiva de género en las Comunas, a fin de fortalecer la Autonomía de la Ciudad y la instrumentación de medidas de acción positivas, que garanticen la implementación de la equidad de género en el proceso de descentralización de la Ciudad de Buenos Aires. Se valora la importancia de contar con una norma, dado que la descentralización, la promoción de los derechos de género y la igualdad entre mujeres y varones, son un “imperativo constitucional”.
Introducir la perspectiva de género en el Plan Integral de Seguridad. Esto dado que la seguridad ciudadana es una de las preocupaciones candentes de las/los habitantes de la Ciudad, que constituye un eje prioritario en los lineamientos del Plan Estratégico y que es imperiosa la necesidad de incluir la perspectiva de género en el plano normativo de las políticas urbanas de seguridad.
Introducir la perspectiva de género en el ante proyecto de Código Ambiental, partiendo del convencimiento de que debe tratarse la perspectiva de género en la gestión urbano-ambiental-arquitectónica, como una de las estrategias principales en la articulación de una nueva relación de las y los habitantes con el medio ambiente y el espacio público urbano.
Promover la creación de espacios de sensibilización, de sociabilización y de circulación de información no-sexista, orientados a reducir las asimetrías de género, por considerar que la información es un factor fundamental en la construcción de identidades, la ampliación de ciudadanía y la defensa de los derechos humanos.
Toda política pública debe ser el resultado del interactuar de distintas/os actoras/es de la sociedad que mediante compromisos y acuerdos dan solución a los problemas públicos. De ésta manera deben realizarse los procesos políticos de la toma de decisiones, sobre políticas públicas.
En cuanto al orden de género en particular compartimos la convicción, cada vez más aceptada, que toda política pública exige una transformación de las condiciones que generan injusticia en las sociedades, lo que lleva a consolidar un modelo de planificación estratégica inclusiva, como lo tienen en el mundo muchos Planes Estratégicos.
Trabajar en Políticas Públicas, implica trabajar en el planeamiento de todas las políticas, teniendo en cuenta los impactos posibles sobre la situación respectiva de los géneros.
Estas políticas deben significar una ampliación de ciudadanía para todas y todos, para lo cual es condición necesaria la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, implementación y seguimiento de las mismas.
En tal sentido se priorizan:
· La inclusión de la perspectiva de género en la planificación, instrumentación y contralor de las políticas públicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esto significa que todas las medidas y políticas, deben ser analizadas sistemáticamente desde la perspectiva de género, así como deben ser examinados los efectos al ponerlas en ejecución, específicamente con el fin de promover la “igualdad”.
Urbanismo y Políticas de Equidad, que significa promover el intercambio de experiencias e identificar “buenas prácticas” sobre el diseño de las ciudades desde la perspectiva de género, para que éstas sirvan como estímulo disparador de ideas y acciones en el marco de los lineamientos estratégicos del Plan.
Impulsar sobre la base de la “Recomendación” al Poder Ejecutivo de la Ciudad respecto a la instrumentación de estadísticas desagregadas por sexo y edad, que cada Ministerio, implemente en sus áreas de incumbencia, la metodología de información desagregada por sexo y edad, tal como lo establece la legislación vigente en la Ciudad (Ley 91/ 1998 y Ley 474/2000), y como lo recomiendan los Organismos Internacionales, específicamente el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
· Promover políticas descentralizadas de igualdad de oportunidades y trato, a través de la elaboración de un Proyecto de Ley, dirigido a garantizar la implementación de políticas con perspectiva de género en las Comunas, a fin de fortalecer la Autonomía de la Ciudad y la instrumentación de medidas de acción positivas, que garanticen la implementación de la equidad de género en el proceso de descentralización de la Ciudad de Buenos Aires. Se valora la importancia de contar con una norma, dado que la descentralización, la promoción de los derechos de género y la igualdad entre mujeres y varones, son un “imperativo constitucional”.
Introducir la perspectiva de género en el Plan Integral de Seguridad. Esto dado que la seguridad ciudadana es una de las preocupaciones candentes de las/los habitantes de la Ciudad, que constituye un eje prioritario en los lineamientos del Plan Estratégico y que es imperiosa la necesidad de incluir la perspectiva de género en el plano normativo de las políticas urbanas de seguridad.
Introducir la perspectiva de género en el ante proyecto de Código Ambiental, partiendo del convencimiento de que debe tratarse la perspectiva de género en la gestión urbano-ambiental-arquitectónica, como una de las estrategias principales en la articulación de una nueva relación de las y los habitantes con el medio ambiente y el espacio público urbano.
Promover la creación de espacios de sensibilización, de sociabilización y de circulación de información no-sexista, orientados a reducir las asimetrías de género, por considerar que la información es un factor fundamental en la construcción de identidades, la ampliación de ciudadanía y la defensa de los derechos humanos.
[1] En la Asamblea realizada el 19 de Octubre del corriente, Clori Yelicic presidenta del Centro de Estudios Alfredo Palacios, expresó, en representación de las organizaciones que integran el grupo de Género, el pedido que el documento incluya todos los lineamientos generales aprobados posteriormente por el grupo e hizo llegar a las autoridades un nuevo texto. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo, aprueba la solicitud y se reemplaza un texto por otro, dejando expresa constancia del cambio.
9.- Presupuesto, Contribución Fiscal y Equidad Social[1]
La cuestión presupuestaria y fiscal ha estado presente desde los primeros documentos de trabajo del Consejo de Planeamiento Estratégico, que se constituyó en un momento de extrema tensión de las finanzas públicas. Dentro de los lineamientos del Plan Estratégico figura la “Reforma tributaria integral, incluyendo la mejora de la administración tributaria y el aumento de la participación de la Ciudad en la Coparticipación Federal”.
La estructura tributaria de la Ciudad cuenta con tres características positivas que debieran mantenerse y ampliarse: autofinanciamiento del gasto, solvencia y sustentabilidad y ventajas competitivas respecto de otras jurisdicciones, por cuanto no existen tasas de seguridad e higiene, el impuesto a los sellos es limitado, y el impuesto inmobiliario, actualmente, es bajo. Sin embargo, la recaudación se basa mayoritariamente en el Impuesto a los Ingresos Brutos, que debido a su alta alícuota tiene una considerable incidencia sobre las actividades económicas, a la vez que configura una recaudación muy sensible al ciclo económico. Por otra parte, existe una importante evasión/ elusión del pago de esa contribución.
Por ello, en aras de fortalecer el tejido productivo y atraer mayores inversiones, se recomienda avanzar hacia un perfeccionamiento de la administración tributaria que permita reducir la evasión/elusión del pago de impuestos e implementar una reforma gradual e integral de la estructura tributaria, orientada a disminuir la incidencia del Impuesto a los Ingresos Brutos y compensar la recaudación con otros ingresos tributarios.
Finalmente, una cuestión que debe especialmente atenderse, es la reducida fracción que le corresponde a la Ciudad en la Coparticipación Federal de impuestos. Se observa un coeficiente de devolución extremadamente bajo, por cuanto la Ciudad aporta aproximadamente el 25% de los fondos coparticipables y recibe el 2,8%. Por ello, se considera particularmente relevante lograr un sustantivo incremento de la participación porcentual de la Ciudad en la Coparticipación Federal de impuestos.
Una presentación introductoria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, organización miembro del Consejo, plantea los siguientes criterios:
• El impuesto debe ser una herramienta para garantizar justicia distributiva.
• Es necesaria una mayor precisión de los datos del contribuyente responsable mediante la utilización del potencial de los sistemas informáticos.
• Distinguir lo que grava el inmueble (impuesto) de lo que es retribución por servicios (tasas) y de la capacidad contributiva del contribuyente.
Como agenda de trabajo se propone tratar los temas a partir de:
• Una referencia al rol de la tributación en la implementación de justicia social, recaudando más en las zonas de mayores recursos y gastando más en la de menos recursos
• Una composición de lugar en relación a los recursos y gastos de los últimos 6 años.
• Una apertura de los recursos por origen de los mismos.
• Un análisis de la incidencia que tienen los recursos vinculados a los inmuebles sobre el total de los recursos.
• Una estimación del desfasaje existente entre las valuaciones fiscales actuales y las de mercado.
• Un análisis de la racionalidad de las tasas aplicadas.
• Un cálculo de lo que significaría en cabeza de un ocupante de determinado lugar aplicar las mismas tasas históricas a las valuaciones reales los inmuebles en el mercado inmobiliario.
• La racionalidad de los ajustes propuestos.
• Recomendación de elegir parámetros ciertos y eventualmente una aplicación en etapas de las modificaciones propuestas.
Se propone, en el corto plazo hacer llegar consideraciones a tener en cuenta a la comisión bipartita. En el largo plazo elaborar un documento más sólido que actualice y profundice lo propuesto por el plan.
Si bien el rol del Consejo no es tratar temas de coyuntura, es un debate que tiene actualidad y es una importante política estratégica para el futuro de Ciudad, razón por la cual el Consejo debe realizar su aporte al tema.
[1] Se incorporan las siguientes consideraciones realizadas en la Asamblea realizada el 19 de octubre del corriente por Cristina Costas, representante al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En relación a los recursos planteó la necesidad de
- Contar con más recursos para poder llevar adelante los objetivos, responder inquietudes y profundizar temas.
- Analizar como se distribuyen los recursos, como se generan, remarcando que la Ciudad no recauda con un criterio de equidad. Señala que el impuesto a los ingresos brutos (67% de ellos) es mas gravoso que el ya gravoso IVA ya que golpea enormemente el aparato productivo y afecta a cada una de las etapas productivas, se paga el 3% de la materia prima, después el 3% de la primer parte de elaboración y así sucesivamente y el 3% de la venta.
- Obtener la opinión de las entidades formadas por personas que tienen vivienda respecto a como se incrementa la recaudación con la base de los inmuebles.
-Dar participación a las entidades profesionales que se ven afectadas por modificaciones a leyes profesionales aprobadas en la Legislatura. Es una alerta no solo para el tema particular de las profesiones sino para cualquier ley, ya que se han modificado puntos sin dar participación a las entidades a las cuales esa ley regula, afectando la seguridad jurídica y la seguridad de defensa de las personas.
Agustina Brinner, representante de ABAPPRA, manifestó la necesidad de incluir con mas fuerza y énfasis en el documento, la cuestión presupuestaria, ya que es en el presupuesto donde se plasma la organización y la programática de las políticas públicas de la Ciudad, para que las leyes se ejecuten y haya menor discrecionalidad a la hora de implementar distintos planes por parte del Ejecutivo.
En relación a la cuestión fiscal adhiere a la propuesta del Consejo y manifiesta su preocupación por la dificultad en obtener información respecto a las inversiones y cuenta ahorro de la Ciudad, y refiere que en momentos anteriores la página del gobierno brindaba mayor información y de modo más transparente. “Actualmente la página está desactualizada y al mes de octubre no se conoce el proyecto de presupuesto para el año que viene.”
La cuestión presupuestaria y fiscal ha estado presente desde los primeros documentos de trabajo del Consejo de Planeamiento Estratégico, que se constituyó en un momento de extrema tensión de las finanzas públicas. Dentro de los lineamientos del Plan Estratégico figura la “Reforma tributaria integral, incluyendo la mejora de la administración tributaria y el aumento de la participación de la Ciudad en la Coparticipación Federal”.
La estructura tributaria de la Ciudad cuenta con tres características positivas que debieran mantenerse y ampliarse: autofinanciamiento del gasto, solvencia y sustentabilidad y ventajas competitivas respecto de otras jurisdicciones, por cuanto no existen tasas de seguridad e higiene, el impuesto a los sellos es limitado, y el impuesto inmobiliario, actualmente, es bajo. Sin embargo, la recaudación se basa mayoritariamente en el Impuesto a los Ingresos Brutos, que debido a su alta alícuota tiene una considerable incidencia sobre las actividades económicas, a la vez que configura una recaudación muy sensible al ciclo económico. Por otra parte, existe una importante evasión/ elusión del pago de esa contribución.
Por ello, en aras de fortalecer el tejido productivo y atraer mayores inversiones, se recomienda avanzar hacia un perfeccionamiento de la administración tributaria que permita reducir la evasión/elusión del pago de impuestos e implementar una reforma gradual e integral de la estructura tributaria, orientada a disminuir la incidencia del Impuesto a los Ingresos Brutos y compensar la recaudación con otros ingresos tributarios.
Finalmente, una cuestión que debe especialmente atenderse, es la reducida fracción que le corresponde a la Ciudad en la Coparticipación Federal de impuestos. Se observa un coeficiente de devolución extremadamente bajo, por cuanto la Ciudad aporta aproximadamente el 25% de los fondos coparticipables y recibe el 2,8%. Por ello, se considera particularmente relevante lograr un sustantivo incremento de la participación porcentual de la Ciudad en la Coparticipación Federal de impuestos.
Una presentación introductoria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, organización miembro del Consejo, plantea los siguientes criterios:
• El impuesto debe ser una herramienta para garantizar justicia distributiva.
• Es necesaria una mayor precisión de los datos del contribuyente responsable mediante la utilización del potencial de los sistemas informáticos.
• Distinguir lo que grava el inmueble (impuesto) de lo que es retribución por servicios (tasas) y de la capacidad contributiva del contribuyente.
Como agenda de trabajo se propone tratar los temas a partir de:
• Una referencia al rol de la tributación en la implementación de justicia social, recaudando más en las zonas de mayores recursos y gastando más en la de menos recursos
• Una composición de lugar en relación a los recursos y gastos de los últimos 6 años.
• Una apertura de los recursos por origen de los mismos.
• Un análisis de la incidencia que tienen los recursos vinculados a los inmuebles sobre el total de los recursos.
• Una estimación del desfasaje existente entre las valuaciones fiscales actuales y las de mercado.
• Un análisis de la racionalidad de las tasas aplicadas.
• Un cálculo de lo que significaría en cabeza de un ocupante de determinado lugar aplicar las mismas tasas históricas a las valuaciones reales los inmuebles en el mercado inmobiliario.
• La racionalidad de los ajustes propuestos.
• Recomendación de elegir parámetros ciertos y eventualmente una aplicación en etapas de las modificaciones propuestas.
Se propone, en el corto plazo hacer llegar consideraciones a tener en cuenta a la comisión bipartita. En el largo plazo elaborar un documento más sólido que actualice y profundice lo propuesto por el plan.
Si bien el rol del Consejo no es tratar temas de coyuntura, es un debate que tiene actualidad y es una importante política estratégica para el futuro de Ciudad, razón por la cual el Consejo debe realizar su aporte al tema.
[1] Se incorporan las siguientes consideraciones realizadas en la Asamblea realizada el 19 de octubre del corriente por Cristina Costas, representante al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En relación a los recursos planteó la necesidad de
- Contar con más recursos para poder llevar adelante los objetivos, responder inquietudes y profundizar temas.
- Analizar como se distribuyen los recursos, como se generan, remarcando que la Ciudad no recauda con un criterio de equidad. Señala que el impuesto a los ingresos brutos (67% de ellos) es mas gravoso que el ya gravoso IVA ya que golpea enormemente el aparato productivo y afecta a cada una de las etapas productivas, se paga el 3% de la materia prima, después el 3% de la primer parte de elaboración y así sucesivamente y el 3% de la venta.
- Obtener la opinión de las entidades formadas por personas que tienen vivienda respecto a como se incrementa la recaudación con la base de los inmuebles.
-Dar participación a las entidades profesionales que se ven afectadas por modificaciones a leyes profesionales aprobadas en la Legislatura. Es una alerta no solo para el tema particular de las profesiones sino para cualquier ley, ya que se han modificado puntos sin dar participación a las entidades a las cuales esa ley regula, afectando la seguridad jurídica y la seguridad de defensa de las personas.
Agustina Brinner, representante de ABAPPRA, manifestó la necesidad de incluir con mas fuerza y énfasis en el documento, la cuestión presupuestaria, ya que es en el presupuesto donde se plasma la organización y la programática de las políticas públicas de la Ciudad, para que las leyes se ejecuten y haya menor discrecionalidad a la hora de implementar distintos planes por parte del Ejecutivo.
En relación a la cuestión fiscal adhiere a la propuesta del Consejo y manifiesta su preocupación por la dificultad en obtener información respecto a las inversiones y cuenta ahorro de la Ciudad, y refiere que en momentos anteriores la página del gobierno brindaba mayor información y de modo más transparente. “Actualmente la página está desactualizada y al mes de octubre no se conoce el proyecto de presupuesto para el año que viene.”
10.- Autonomía y Seguridad
El camino hacia la plena autonomía sigue pendiente. A pesar de que ciertas competencias judiciales se han transferido, las limitaciones que la ley 24.588, también llamada ley Cafiero, impone a la Ciudad, restringe el status de autonomía y las facultades jurisdiccionales que la reforma constitucional de 1994 le proporcionó a la Ciudad de Buenos Aires (art 31 CN).
Desde sus comienzos el Plan Estratégico consideró redefinir el rol del Estado mediante la participación y compromiso ciudadano en la planificación y el control de la gestión pública. Una de las definiciones fue proponer la derogación o modificación de la ley 24.588
La “Promoción de la modificación o derogación de la Ley 24.588 para el traspaso de competencias a la Ciudad”, forma parte de las acciones tipo que el grupo de trabajo llamado “Autonomía” elabora con el marco del lineamiento:
“Fortalecer la autonomía de la Ciudad y desarrollar políticas integrales de seguridad y justicia” dentro de la dimensión Institucional del Plan Estratégico.
El pasado 6 de septiembre se promulgó la modificación de la denominada “Ley Cafiero” que elimina las restricciones para que la ciudad de Buenos Aires pueda tener su propia fuerza de seguridad.
La nueva norma, que fue sancionada por el Congreso el 22 de agosto último, modifica el artículo 7 de la mencionada ley, que impedía a la Ciudad tener su propia fuerza de seguridad y se reemplazo por otro texto en el cual se habilita al Gobierno porteño a ejercer “las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales”; y además se incluyo una cláusula transitoria que prevé la posibilidad de avanzar en convenios con la Nación para hacer el traspaso gradual de la seguridad de un estado a otro.
Se había estado reclamando la derogación o modificación de la ley Cafiero, pero en el Congreso el proyecto no contempla la cuestión presupuestaria.
Bien sabemos que estos avances serán graduales y progresivos por la magnitud y complejidad de competencias y recursos que involucra, pero se considera imprescindible definir una política de Estado.
Como agenda de trabajo a ser tratado en las comisiones y seminarios ad hoc, incluyendo las diferentes perspectivas políticas, se propone el siguiente temario a desarrollar:
Políticas de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires:
Realizar un diagnóstico general
· Aspectos socioeconómicos y demográficos principales
· Indicadores sobre delitos y situación criminológica de la Ciudad de Buenos Aires
· Consideraciones Finales
Exponer marco normativo
· Marco Normativo general
· Marco Constitucional
Exponer las competencias y prioridades locales en materia de seguridad
Enunciar los principios para la conformación de la policia de la ciudad
· Modelo de Policía Local
· Estructura orgánico funcional. Estructura de mandos y jerarquía única
· Organización Territorial
· Carrera Policial, sindicalización y/o defensoría del policía y mecanismos de control interno
· Una política frente a la seguridad privada.
· Competencias y financiamiento.
· Seguridad y gestión de la información
Justicia
Seguridad y género
El sistema de reinserción social
El camino hacia la plena autonomía sigue pendiente. A pesar de que ciertas competencias judiciales se han transferido, las limitaciones que la ley 24.588, también llamada ley Cafiero, impone a la Ciudad, restringe el status de autonomía y las facultades jurisdiccionales que la reforma constitucional de 1994 le proporcionó a la Ciudad de Buenos Aires (art 31 CN).
Desde sus comienzos el Plan Estratégico consideró redefinir el rol del Estado mediante la participación y compromiso ciudadano en la planificación y el control de la gestión pública. Una de las definiciones fue proponer la derogación o modificación de la ley 24.588
La “Promoción de la modificación o derogación de la Ley 24.588 para el traspaso de competencias a la Ciudad”, forma parte de las acciones tipo que el grupo de trabajo llamado “Autonomía” elabora con el marco del lineamiento:
“Fortalecer la autonomía de la Ciudad y desarrollar políticas integrales de seguridad y justicia” dentro de la dimensión Institucional del Plan Estratégico.
El pasado 6 de septiembre se promulgó la modificación de la denominada “Ley Cafiero” que elimina las restricciones para que la ciudad de Buenos Aires pueda tener su propia fuerza de seguridad.
La nueva norma, que fue sancionada por el Congreso el 22 de agosto último, modifica el artículo 7 de la mencionada ley, que impedía a la Ciudad tener su propia fuerza de seguridad y se reemplazo por otro texto en el cual se habilita al Gobierno porteño a ejercer “las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales”; y además se incluyo una cláusula transitoria que prevé la posibilidad de avanzar en convenios con la Nación para hacer el traspaso gradual de la seguridad de un estado a otro.
Se había estado reclamando la derogación o modificación de la ley Cafiero, pero en el Congreso el proyecto no contempla la cuestión presupuestaria.
Bien sabemos que estos avances serán graduales y progresivos por la magnitud y complejidad de competencias y recursos que involucra, pero se considera imprescindible definir una política de Estado.
Como agenda de trabajo a ser tratado en las comisiones y seminarios ad hoc, incluyendo las diferentes perspectivas políticas, se propone el siguiente temario a desarrollar:
Políticas de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires:
Realizar un diagnóstico general
· Aspectos socioeconómicos y demográficos principales
· Indicadores sobre delitos y situación criminológica de la Ciudad de Buenos Aires
· Consideraciones Finales
Exponer marco normativo
· Marco Normativo general
· Marco Constitucional
Exponer las competencias y prioridades locales en materia de seguridad
Enunciar los principios para la conformación de la policia de la ciudad
· Modelo de Policía Local
· Estructura orgánico funcional. Estructura de mandos y jerarquía única
· Organización Territorial
· Carrera Policial, sindicalización y/o defensoría del policía y mecanismos de control interno
· Una política frente a la seguridad privada.
· Competencias y financiamiento.
· Seguridad y gestión de la información
Justicia
Seguridad y género
El sistema de reinserción social
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