Borrador de Documento para considerar en Asamblea 19 de octubre de 2007.
En la Asamblea de Octubre del 2006 se aprobó el documento titulado “Reafirmando el Rumbo Estratégico”, que insistía en seguir las orientaciones que el Consejo ha venido formulando desde los primeros documentos de avance y el Plan Estratégico Buenos Aires 2010. Hoy, en un momento de transición en el gobierno de la Ciudad, con nuevas autoridades electas, éste documento, se propone, de acuerdo al mandato constitucional “ofrecer fundamentos para las políticas de Estado que sirvan de denominadores comunes del conjunto de la sociedad.”1
Aquí se reafirman, destacan y sostienen 10 políticas de Estado que reflejan los consensos que se han podido alcanzar con el compromiso de las organizaciones que lo integran.
Como lo decíamos en una carta enviada al Jefe de Gobierno “estamos convencidos de que la ciudad no puede darse el lujo de desperdiciar el capital social representado por años de reflexiones y de constante búsqueda de los denominadores comunes. El Consejo no aspira a monopolizar la vocación de articular amplios consensos, pero no duda de que puede ser de enorme utilidad en la celebración de acuerdos básicos con la sociedad civil”.
1.-VISIÓN METROPOLITANA
Hablar hoy de la ciudad significa hablar de integración metropolitana. Así, una de las principales preocupaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico es establecer relaciones y coordinar acciones en ese sentido.
La planificación, coordinación y gestión del Área Metropolitana es una de las cuestiones pendientes. Si bien existe un amplio consenso sobre la necesidad de una autoridad metropolitana, los diferentes actores de la región deberían generar acciones que la promuevan
o fomenten mediante pasos intermedios.
Para ello, el gobierno de la ciudad debe tener una política de Estado metropolitana. En este sentido, se ha insistido en la búsqueda de alternativas que impulsen la planificación, coordinación y gestión del área metropolitana desde la ciudad.
A partir de lo elaborado en las dimensiones de trabajo, el Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico remitió al Señor Jefe de Gobierno una recomendación, en la cual se le señala la importancia que tiene jerarquizar una política de Estado para la Región Metropolitana y advierte sobre la postergación de soluciones que implica no tenerla. En tal sentido, desde el Consejo de Planeamiento Estratégico, se recomendó:
-asignar la responsabilidad de la política metropolitana a un área de jerarquía relevante del Gobierno de la Ciudad, la que resultará encargada de la relación con los municipios del conurbano, la provincia de Buenos Aires y la Nación en estos temas,
-adaptar oportunamente la Ley de Ministerios y las políticas de la Ciudad a estarecomendación
-definir en ese contexto una política metropolitana integral del Gobierno de la Ciudad, que contemple, entre otros, los temas que se ven afectados por la ausencia de una política referida a: movilidad, infraestructura, disposición final de residuos, provisión de agua, tratamiento de efluentes, entre otros.
Para sustentar una política de Estado en este plano se proponen las siguientes acciones:
Designar como “Miembros Honorarios” del Consejo de Planeamiento Estratégico a los intendentes del área metropolitana en el contexto del ámbito de las reuniones del Grupo de Trabajo Metropolitana con miras a la profundización de la integración interjurisdiccional realizadas en el 2003. Aquella reunión formó parte de la iniciativa del Consejo en pos de un acuerdo cuatripartito entre Nación, Ciudad, Provincia, y Municipios por la integración metropolitana.
Avanzar en un dialogo impostergable para ofrecer mejores respuestas a la región metropolitana, en la que vive un tercio de los argentinos y solicitar que los líderes políticos de los distritos dejen de lado cuestiones menores. Este pedido concreto fue realizado por el cuerpo integrado por organizaciones de la sociedad civil (ONG, sindicatos, cámaras, partidos políticos, universidades…)
Insistir en esta convocatoria ante el inicio de nuevos mandatos en todos los distritos tras las elecciones de 2007.
Contribuir con los aportes que resultan de los trabajos de las diferentes dimensiones del Consejo al documento de lineamientos estratégicos para el área metropolitana presentados por la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, se ha venido participado en jornadas de intercambio, entre ellas la de la celebración del día mundial del Urbanismo en 2006.
Insistir en la reforma o derogación de la ley 24588, ante el debate del Congreso de la Nación sobre la autonomía de la ciudad, y avanzar en una mayor articulación con los municipios y las distintas jurisdicciones del área metropolitana.
Insistir en la necesidad de la descentralización en comunas, como contracara de la concentración del gobierno central en los temas estratégicos con una visión metropolitana, en un proceso de afirmación de la autonomía municipal.
Se recuerda que en los documentos de avance, en la formulación del Plan Estratégico Buenos Aires 2010 y en el documento “Reafirmando el rumbo estratégico”, la cuestión fue la de la planificación, la coordinación y la gestión interjurisdiccional del Área Metropolitana. Se trató de promover la existencia de instancias jurídicas y de gestión ínter jurisdiccionales para los temas que precisan tratamiento a nivel metropolitano. Entre las acciones tipo se señaló:
-Participación de la ciudad en la planificación y coordinación de la modernización de las infraestructuras aéreas, marítima, fluvial y terrestre del sistema metropolitano.
-Implementación de un convenio en materia de medio ambiente
-Diseño de estrategias comunes de prevención del delito y de la violencia
-Desarrollo de mecanismos de participación y control ciudadano en los organismos ínter jurisdiccionales
-Implementación de mecanismos de consulta y coordinación interjurisdiccional entre los entes reguladores de los servicios públicos
-Creación de un Foro Metropolitano de Planes Estratégicos
El Plan de trabajo 2008 debe tener como uno de sus ejes una política de Estado para el área metropolitana.
2.-COMUNAS
Una de las mayores innovaciones de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la creación de las comunas, que tiene como propósito, incrementar la participación de la gente en los asuntos de gobierno. La Constitución porteña establece en el Título VI del Libro Segundo la existencia de Comunas, entendidas como “unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial”.
La Descentralización es un eje claramente estratégico con relación al futuro de Buenos Aires. Implica una fuerte apuesta en el sentido del fomento de la participación ciudadana; debería mejorar la eficiencia del gasto; precisar las demandas locales y la definición, a través de la participación ciudadana, del desarrollo local, mejorar la atención de los reclamos, el control y las prestaciones de servicios; y en definitiva, lograr una calidad de vida superior, potenciando el ámbito barrial para afianzar su identidad.
De acuerdo al mandato constitucional, las comunas debían haber estado funcionando a más tardar, en octubre de 2001. Ante el incumplimiento de los plazos, algunas organizaciones miembro del Consejo intervinieron con presentaciones judiciales que obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia. Han transcurrido casi 6 años de esa fecha, y si bien la ley fue sancionada por la Legislatura en el año 2005,el proceso de transición se ha puesto en marcha, queda pendiente la convocatoria a elecciones de autoridades comunales, fecha que recientemente la Legislatura fijó para agosto del 2008.
Desde la creación del Consejo de Planeamiento Estratégico, el trabajo y el aporte relativo a las Comunas fue constante. Por un lado, llamando la atención respecto del incumplimiento de la Constitución, Por otro, realizando numerosas actividades que aporten a la discusión, debate y tratamiento del tema.
Recordemos que en el año 2003 el Consejo ejerció por primera vez la iniciativa legislativa, por unanimidad del Comité Ejecutivo, presentando un proyecto de Ley de Comunas.
El CoPE trabajó en criterios para la puesta en marcha de la ley. Se elaboró un aporte con sugerencias y recomendaciones para una mejor implementación de la descentralización y la participación.
Los principales ejes del documento son la descentralización, la participación, el gobierno de las comunas, el presupuesto, el sistema electoral y la mediación de conflictos.
Algunas preocupaciones del Consejo tienen que ver con que la puesta en marcha de las comunas no incremente el gasto público, sino que se realice a través de la reasignación de las partidas de los servicios que se descentralicen.
Las comunas deben aspirar a ser un ámbito ideal para diseñar un nuevo modelo de administración, orientado a los vecinos, con un cuerpo profesional idóneo, meritocrático, no clientelista.
Recientemente y ante el próximo cambio de gobierno, el Consejo organizó un seminario sobre el tema, convocando a todas las fuerzas políticas, como un modo de reafirmar el compromiso que, desde el inicio, en plena crisis del 2001-2002, mantiene con el respeto a la Constitución y las normas.
De acuerdo a las diferentes exposiciones se destaca, más allá de las diferentes consideraciones: la coincidencia en el objetivo final y en la naturaleza resistente del poder a ceder poder cuando se lo tiene.1
Según las posiciones del Dr. Enrique Olivera y Sebastián Gramajo, representantes los bloques políticos del ARI y del Frente para la Victoria respectivamente, fijar una fecha de elecciones disparará los pasos pendientes de la transición.
Para el Consejo fue importante reunir a las distintas expresiones en un auditorio colmado, del que participaron varios de los colegios profesionales, sindicatos, cámaras, ONGs y entidades miembro, organizaciones locales, prensa barrial y personal de carrera de la descentralización.
En el panel sobre debate constitucional el Dr. Daniel A. Sabsay, Director Ejecutivo de FARN y profesor de derecho constitucional, reivindicó el trabajo de la comisión académica consultiva para la ley de Comunas que integró en 1999/2000, convocada por el Programa de Descentralización. También un documento más reciente para poner en marcha de inmediato la ley y objetó la idea de una reforma constitucional antes de respetarla. A su criterio el modelo constitucional porteño no funciona aún en plenitud, al momento asistimos a un ensayo. Con respecto a la participación, apeló al tango: se necesitan dos para bailarlo, instituciones que las respeten y una sociedad que se movilice para exigir el respeto a sus derechos. En ese sentido, se refirió a una actitud perezosa en apoderarse de los instrumentos participativos. El Dr. Jorge Rodríguez Mancini, profesor de derecho, premio Konex y representante de la Acción Católica Argentina en el Comité Ejecutivo, señaló que el incumplimiento de la Constitución se inscribe en una cultura de anomia general en el respeto de la ley. Reivindicó la participación, establecida como derecho en la Constitución y como condición para la realización personal en la doctrina social de la Iglesia. Mencionó la responsabilidad colectiva de los gobernantes en la postergación de las comunas y apeló a la buena fe en los argumentos políticos. Finalmente señaló que el antecedente de un órgano consultivo como el Consejo, que no es debidamente tenido en cuenta, sienta un mal pronóstico para los Consejos de la Comunidad. A pesar de la facultad de iniciativa legislativa, recordó que de una presencia en cierto modo formal, a la ausencia lisa y llana, no ha quedado demostrado un compromiso de los Jefes de Gobierno. Prueba de esto es la carta enviada al actual jefe de Gobierno en el 2006 y aún no respondida.
En el debate territorial y social, un delegado de SUTECBA en la descentralización manifestó el compromiso de los trabajadores en los servicios que se prestan en los barrios y con la puesta en marcha de las comunas. Reivindicó una especialización en administración comunal, dado el tipo de trabajo polivalente que se realiza. El representante de UPCN, Fernando Barrera, habló de la profesionalización de la administración y del compromiso de los trabajadores públicos. Más allá de los convenios colectivos, señaló la importancia del resultado final del trabajo, con el marco ideológico y político de la descentralización, en una visión más general del rol del Estado. Cristina de Ciervo, por el grupo de género, reivindicó esa perspectiva en general y en la descentralización en particular.
Martín Marazzi, ex director de la USIG, tituló a su presentación “Fundamentos políticos, pretextos técnicos” e hizo una demostración práctica y contundente de cómo se puede resolver la cuestión de los padrones sin ninguna dificultad, sembrando dudas sobre la necesidad de recursos cuantiosos y prolongación de tiempos cualquiera sea la división. Israel Mahler, ex presidente de la UIA y ex Vicepresidente del Consejo, llamó al respeto a la ley, señaló con claridad lo que las comunas pueden hacer y lo que pueden ayudar a controlar y resaltó, con altura, el compromiso de los profesionales de la administración pública con un ámbito de trabajo que de resultados a la sociedad, manifestado por los representantes de las organizaciones gremiales.
La convocatoria, el pluralismo de los expositores, la fuerza de la diversidad en el compromiso muestran que, a pesar de todo, el Consejo tiene un enorme capital social. Con sus matices y su diversidad, un organismo constitucional pide, desde su humilde lugar de poder y mucho más humilde de recursos, que se respeten los derechos de los porteños.
Para el ministro de Gestión Pública y Descentralización, Roy Cortina, no debe ser un Ejecutivo de transición sino a la Legislatura a quien le corresponde fijar la fecha. El diputado del partido recientemente electo, Rodrigo Herrera Bravo, manifestó que el actual Jefe de Gobierno deja inconclusa la transición, razón por la cual debe cumplirse lo establecido por la ley antes de fijar una fecha.
3.-PROFESIONALIZACIÓN DEL ESTADO
En una Ciudad como Buenos Aires, cuyo Estado local tiene amplias competencias (con la perspectiva de tener aún más en el futuro) y una planta de personal de mas de 100.000 efectivos, la cuestión de la calidad de la gestión resulta de particular importancia.
En el 2004 la Ciudad comenzó a implementar la Ley 471 que regula el empleo público, creándose una nueva carrera administrativa que reúne al personal en distintos grupos, profesional, técnico, administrativo, y de servicios operativos, según la tarea desarrollada y la capacitación necesaria para realizarla. A su vez, dentro de cada grupo existen distintos tramos y niveles que constituyen la carrera horizontal, accediéndose a ellos por criterios de mérito.
Si bien la aplicación de esta carrera está en marcha su implementación será gradual, se prevé que se apliquen mecanismos de selección y concurso para todos los cargos, evaluaciones de desempeño del personal, concursos para el ascenso vertical a cargos vacantes y capacitaciones obligatorias para la promoción.
El Consejo de Planeamiento Estratégico desea llamar la atención sobre la necesidad de poner en práctica mecanismos transparentes de concurso que garanticen la idoneidad y capacidad del personal que se incorpora al estado, evitando prácticas clientelares que deterioran tanto la calidad de la gestión pública como la legitimidad de la representación política, duplicando estructuras y debilitando al Estado.Además, la modernización del Estado requiere también una gestión estratégica de la información, que permitiría reducir los costos, en tiempo y en presupuesto, agilizar la toma de decisiones y posibilitar un mejor acceso de los ciudadanos a la información sobre la gestión pública. La actual falta de integración de los procesos de gestión, la dispersión de las bases de datos y la permanencia de tecnología obsoleta dificultan la celeridad de respuesta estatal, y bloquean, además el cumplimiento de las normas de control y la sanción de las infracciones, perjudicando la transparencia que cualquier gestión eficiente demanda.
La cuestión de la calidad de la gestión pública será de aún mayor importancia al efectivizarse la futura transferencia de competencias de la Nación a la Ciudad, acompañadas de personal y partidas presupuestarias. Se requerirán reformas que resuelvan los problemas más serios de las áreas a transferir, como la disponibilidad de datos sobre la propiedad inmueble, cuya falta de actualización dificulta el cobro de impuestos; el acceso a la Justicia, dificultado por la lentitud de los Tribunales, su concentración y sus restringidos horarios; y el control social sobre las fuerzas de seguridad.
Finalmente, en cuanto al rol del Estado, hay que encontrar un equilibrio entre lo público indelegable y lo que puede ser sustituido por terceros, con su debida regulación y control.
4.-EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
La evaluación ambiental estratégica (EAE) consiste en un proceso formal, sistémico y globalizador para evaluar las posibles repercusiones ambientales de las propuestas de políticas, planes y programas durante su proceso de elaboración. Dado su carácter preventivo y el nivel estratégico en el que se aplica, se trata de un instrumento con un marcado potencial de integración de las consideraciones ambientales en los procesos de toma de decisiones estratégicas (eso implica integrar los objetivos ambientales con los económicos y sociales).
La ciudad de Buenos Aires carece al respecto de una acción sistemática de evaluación ambiental que coordine los instrumentos de gestión que prevé la Constitución de la Ciudad. Más aún, no existe a la fecha, y a más de 10 años de la sanción de la Carta Magna, documentos claves como el Plan Urbano Ambiental o un Código de Planeamiento debidamente actualizado de acuerdo a los parámetros del Consejo de Planeamiento Estratégico. El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), por su parte, posee algunas deficiencias tanto en la práctica como en su concepción, que limitan el potencial de su accionar de prevención.
En parte, estos criterios podrían cumplirse dentro de una modificatoria de la Ley 70, de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público; que es una de las normativas pertinentes que la ciudad posee para asegurar la planificación estratégica en la formulación de políticas públicas. Es necesario continuar con el proceso de articulación entre las instituciones dedicadas a la planificación estratégica y las áreas que se ocupan de la acción de gobierno. Para ello se necesita tanto de un trabajo conjunto, en el ámbito de la planificación presupuestaria y financiera y en la labor de monitoreo y control del grado de cumplimiento de las metas presupuestarias, así como en el desarrollo de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Precisamente en la formulación de indicadores específicos sobre los efectos ambientales de los planes y programas en los que está expresada la acción de gobierno, hay una forma de aplicar estos principios sin duplicar estructuras ni esfuerzos. Esto requiere, por supuesto, que no haya programas por fuera de la ley de administración financiera, como inadmisiblemente ocurre con ciertas infraestructuras.
Consciente de esta problemática, el Consejo de Planeamiento Estratégico, promueve la incorporación de la Evaluación Ambiental Estratégica como iniciativa que busca complementar instrumentos de planificación urbanística y herramientas de gestión sobre la evaluación de impactos ambientales. Se trata de un análisis integrado y funcional de planes y programas respecto de políticas estratégicas previamente trazadas. En este aspecto, si la EIA continúa ligada al planeamiento físico urbano tradicional, la EAE debe aportar una visión claramente estratégica y contribuir al análisis de los planes y proyectos en la ciudad y su relación con la región metropolitana, con prácticas de gestión integradoras y coordinadas.
El concepto de evaluación ambiental estratégica, no equivale al de evaluación de impactos acumulativos ni, desde luego, al de evaluación de impactos ambientales (EIA). La legislación podrá elegir complementarlos o separarlos pero la distinción conceptual es a todas luces trascendente de cara al objeto del proyecto de ley y a fin de facilitar su comprensión por la legislatura y futuros alcanzados por la ley. Asimismo, el principal objeto de la ley, la coordinación con otros instrumentos de planificación y gestión mediante una visión estratégica 2 .
La EAE puede (y, en realidad, debe) considerar los impactos acumulativos. Pero esta es una deficiencia actual del análisis de EIA, dado que inclusive si ha eliminado el análisis de proyectos de mediano impacto (y mediano alto), la no consideración de impactos acumulados deja un pequeño margen de acción. Este aspecto, bien podría complementarse con una reforma paralela a la normativa de EIA, a fin de incorporar tal elemento.
Por su parte, la EAE, con distintos ámbitos materiales, territoriales y espaciales de actuación, no suplanta total-mente esta deficiencia, aún cuando incorpore una visión de impactos sinérgicos y acumulativos.
La EAE considera de forma sistémica todos los procesos de transformación con el objetivo de alcanzar las potencialidades, integrando los distintos planes y programas entre sí, en una etapa pre proyectual y en un determinado territorio. Considera por otra parte qué opciones o alternativas son las mejores, desde lo ambiental, para conseguir los objetivos globales. Permite decisiones estratégicas y un mayor margen de variación y con ello previene complicaciones socio-ambientales innecesarias y retrasos mientras el proyecto avanza en su gestación 3 .
El análisis acumulativo en la EIA se relaciona con un aspecto preventivo más puntual cuando el proyecto ha sido ya concebido, con menor margen de variantes 4 .
En ambos instrumentos se reconoce la dificultad para internalizar los impactos acumulativos y sinérgicos que genera la ejecución del conjunto de proyectos, cuestión que difícilmente se resuelve mediante la evaluación uno a uno de los referidos proyectos. Sin embargo, el principal de la EAE no es el análisis acumulativo, sino los aspectos preventivos y el análisis preproyectual de variantes en el marco de instrumentos de planificación y gestión.
Tal como han ratificado diversas legislaciones, este análisis pre-proyectual es esencial, cuando las políticas públicas conforman los planes o programas de acción y los proyectos comienzan a gestarse. Antes de su aprobación, por vía administrativa o legislativa, el análisis que provee la EAE es clave.
Son objetivos de la Evaluación Ambiental Estratégica:
a) Ser una herramienta esencial para el planeamiento estratégico de las políticas de desarrollo sustentable en la Ciudad.
b) Proveer un marco de referencia sobre las condiciones ambientales, sociales y económicas previas a la hora de analizar nuevas políticas, planes y programas en la Ciudad.
c) Proveer y analizar información precisa acerca de las consecuencias ambientales de las políticas, planes y programas a llevarse a cabo en territorio de la Ciudad.
d) Posibilitar mecanismos de gestión y articulación ambientales en el proceso de toma de decisión de los actores políticos clave.
e) Ser una herramienta decisiva en el análisis de la repercusión de las intervenciones territoriales programadas.
f) Propender al cumplimiento de los criterios de sustentabilidad en la aplicación de políticas urbanas en áreas estratégicas de la Ciudad.
Las ventajas de la aplicación de esta metodología residen en que:
-Permite detectar impactos negativos de grandes transformaciones que escapan al sistema tradicional de impacto ambiental.
-Permite analizar los impactos de múltiples proyectos interactuando entre sí.
-Hace posible analizar todas aquellas políticas, programas y proyectos que afectan al área o sector urbano estratégico y que podrían tener un impacto negativo en el mediano y largo plazo.
-Se constituye en un tipo de política preventiva del impacto ambiental del desarrollo urbano de la Ciudad. De este modo hace posible que el desarrollo urbano sea sinónimo de desarrollo estratégico sustentable, y se encuentre contemplado por los lineamientos generales de las políticas preventivas en materia ambiental.
La Evaluación Ambiental estratégica es una política inclusiva y articuladora de los distintos actores relevantes involucrados. También logra establecer alternativas de acción con la consideración de escenarios supuestos lo que constituye una de las fuertes ventajas en el proceso de toma de decisiones. Por lo cual esta herramienta de gestión le posibilitaría a la Cuidad Buenos Aires establecer un desarrollo urbano ambiental sustentable con políticas de estado evaluadas estratégicamente.
5.-PLAN URBANO AMBIENTAL. PERSPECTIVA PRELIMINAR DEL COPE
El Consejo de Planeamiento Estratégico ha considerado como actitud primordial la de realizar aportes al Plan Urbano Ambiental con el fin de señalar la consistencia entre las propuestas del CoPE, las estrategias, acciones y propuestas instrumentales planteadas en el documento enviado por el ejecutivo y la gestión.
Se destaca la importancia, sin perjuicio de lo anterior, de que ese documento sea tratado y objeto de una definición aunque las posiciones sean divergentes sobre su naturaleza.
Sobre el tratamiento, algunos puntos sobre los que habría que evaluar la consistencia son, por ejemplo, aquellos relacionadas con el sistema de movilidad, la vivienda y el hábitat de los sectores sociales de menores ingresos, las condiciones de calidad ambiental, el incremento, recuperación y mejoramiento del espacio publico y la modernización y diversificación del tejido económico.
El objetivo de promover el transporte público y desalentar la dependencia del automóvil particular es prioridad del COPE y aparece enunciado en el proyecto del PUA. No se entiende entonces que existan mecanismos excepcionales para ampliar accesos por la red de autopistas. Se plantea la necesidad de revisar otras experiencias tales como la de Santiago de Chile.
En materia de vivienda social son necesarios más elementos que permitan orientar las acciones para reflejar esa prioridad. Sería oportuno incorporar mecanismos que garanticen mayor equidad en el reparto de las cargas de los nuevos desarrollar una política de anticipación en materia de redes de infraestructura y equipamiento.
En su relación con cuestiones morfológicas se realizan planteos como la densificación de zonas no consolidadas y la promoción de tipologías edilicias que no generen situación de segregación social ni disrupciones morfológicas.
Esta situación requiere dar definiciones sobre cómo y dónde, bajo que condiciones se promueve la tipología de edificio de perímetro libre y /o los barrios o sectores urbanos a proteger, por ejemplo, para que se pueda reformar el Código de Planeamiento Urbano sobre pautas claras.
En relación a las herramientas de gestión se señala que las propuestas instrumentales se plantean en un nivel teórico por lo que existirá una necesidad de profundizar su relación con los organismos encargados de ejecutarlas.
Se debería reflexionar sobre algunas cuestiones, tales como:
-Tomar posición frente a herramientas que existen hoy
-Tratar en el presupuesto y el plan de inversiones el conjunto de las inversiones, sin circuitos paralelos
-Mejorar los sistemas de consulta pública y apertura de información (ej.: grandes proyectos de infraestructura)
-Diseñar procedimientos que garanticen la consideración de alternativas (EAE, EIA),
-Gestión estratégica de la información.
-Una política metropolitana de la ciudad, que merece una consideración aparte.
Sería deseable que se implemente una relación entre los objetivos más generales, que tienden a inscribirse en los enunciados por el COPE, y la realidad operativa de cada planteo temático.
6.-TRANSPORTE Y MOVILIDAD
El Consejo de Planeamiento Estratégico promovió desde sus comienzos la convivencia de los distintos modos de transporte, incluidos lo no motorizados, priorizando el transporte público y atendiendo al equilibrio entre economía, movilidad y calidad ambiental.
El Pacto de la Movilidad, inscripto en esos lineamientos y tomado como propio, define claramente la necesidad de dar prioridad a aquellas opciones de viaje que tengan el mayor potencial para reducir la congestión del tránsito, mejoren la calidad ambiental, la inserción social, promuevan el desarrollo sustentable, el intercambio de modos y que ofrezcan flexibilidad para la movilidad de la Ciudad en el corto, mediano y largo plazo. El Pacto fue firmado en un comienzo, por las 28 entidades relacionadas con la temática del transporte, incluido el Jefe de Gobierno de la Ciudad, el Secretario de Transporte de la Nación, las cámaras y sindicatos de taxis y colectivos, los amigos de las avenidas, las asociaciones de ciclistas y las empresas públicas y privadas de subterráneos entre otros.
Para que esos objetivos estén alineados respecto de los proyectos que se anuncian como definitivos, es necesario contar con los estudios de factibilidad, los costos y financiación y la comparación con otras opciones y con evaluaciones estratégicas de impacto ambiental.
En otras palabras, es necesario brindar información a los ciudadanos sobre el por qué, el cuánto, el cómo y el impacto de estos proyectos sobre el medio ambiente urbano y su contribución para mejorar la situación de los sectores que requieren atención prioritaria.
Frente a la toma decisiones por parte del Gobierno sobre Grandes Proyectos de Infraestructura, el Consejo de Planeamiento Estratégico se pronunció a través de una declaración firmada por 10 organizaciones miembro y representativas de la Ciudad. Allí se menciona una especial preocupación por aquellos proyectos que por su afectación supera el ámbito territorial inmediato; aquellos que suponen la disponibilidad de territorios de particular valor ambiental, económico, social, cultural y simbólico para la ciudad; comprometen recursos financieros en el presente y en el futuro y comprometen recursos naturales, funcionales y patrimoniales que debemos preservar para las futuras generaciones.
Asimismo el Consejo de Planeamiento Estratégico realizó algunas observaciones y aportes acerca del Plan Integral de Tránsito y Transporte en consideración de la gobernabilidad de lo que se propone. Se destaca la importancia de la articulación de acciones, tanto jurisdiccional (subtes, autopistas, acciones de control de concesiones), como en lo interjurisdiccional (la relación con la Nación, la Provincia de Buenos Aires y los Municipios del área metropolitana): el aspecto de la gobernabilidad del transporte debe ser profundizado junto a la articulación interjurisdiccional.
En este sentido se insistió en incluir mecanismos de consulta pública, entendiendo que no hay planes estratégicos ni planes urbanos que funcionen sino los precede un mecanismo de consulta pública que los legitime.
Tanto la prolongación de la red de subterráneos como los ferrocarriles son parte de la red metropolitana. El ingreso de gente del área metropolitana a la Ciudad no debe verse como un problema sino como parte fundamental de su vitalidad.
Es necesario profundizar sobre los aspectos del uso del suelo. De hecho debería servir para una discusión a fondo de los temas relativos al transporte en el proyecto de Plan Urbano Ambiental y en el Plan Estratégico metropolitano que coordina la provincia.
Son necesarias referencias a montos de inversión y tiempos de ejecución de las obras mencionadas. Se sugirió anexar al documento los proyectos existentes dentro y fuera del presupuesto, dentro y fuera de la jurisdicción con la metodología de banco de proyectos como mínimo.
En la definición de consensos para la elaboración de un proyecto de Evaluación Ambiental Estratégica, se ha trabajado en una metodología que permitiría contar con alternativas a la hora de evaluar políticas de acción. Así. se amplía a la visión estratégica a diferentes alternativas (por ejemplo, viales, ferroviarias, de prioridades de circulación, etc.) para la ciudad y su región. En lugar de evaluaciones de impacto ambiental puntuales, como las que se hicieron sobre los distribuidores de la 9 de Julio y Sarmiento, se posibilitaría hacer una evaluación sobre el conjunto. En lugar de ser solicitadas por quien contrata la obra, y sin someterse a un estudio sin condicionamientos previos.
7.-TERCERA EDAD: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOS ADULTOS MAYORES
A partir de la iniciativa compartida de algunas organizaciones que participan en el equipo de salud de la Coordinación del Plan Estratégico se instaló la posibilidad de debatir el tema de envejecimiento en la Ciudad de Buenos Aires.
El eje rector del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires proyectó una ciudad solidaria, participativa y pluralista.
Esta es la visión que favorecerá el bienestar y la calidad de vida de todos sus habitantes.
Para lograr su objetivo deberá orientar sus acciones en el marco de la participación ciudadana, debe ser una herramienta eficaz para el Gobierno y la comunidad a la hora de planificar con certeza las políticas respecto a un proyecto de ciudad pensado por la gente y para la gente de todas las edades.
Partiendo de la realidad, varias organizaciones que participan en el área de salud de la Coordinación del Plan entendieron que la Ciudad de Buenos Aires está sufriendo desde hace varios años un cambio demográfico que ya la definió como una “ciudad envejecida”.
Esta transformación se instaló desde hace varios años en todas las ciudades del mundo moderno, poniendo en la agenda de los países más desarrollados el tema del envejecimiento poblacional, su análisis y tratamiento.
De los estudios internacionales se desprende que en los próximos 50 años se va casi a cuadruplicar el número de personas de edad en todo el mundo, pasando de unos 600 millones a casi 2.000 millones. Este fenómeno será más significativo en los países en vías de desarrollo.
Hoy una de cada 10 personas tiene 60 años o más, se espera que en el año 2050 una de cada cinco personas sea una persona de edad, para el 2150 una tercera parte de la población del planeta tenga 60 años o más.
Según datos de la OMS en los países desarrollados, la esperanza de vida ya se ubica en los 77 años y en algunos países como Japón roza los 80.
Argentina se ubica con Uruguay y Cuba entre los tres países latinoamericanos con más alta expectativa de vida.
Un informe reciente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sitúa la expectativa de vida en la Ciudad, en más de 72 años y ya hay estudios que proyectan para el año 2025 la expectativa de vida en nuestra ciudad podría rondar los 100 años.
Esta proyección determina que no sólo habrá en un futuro próximo un incremento en el número de personas de edad, sino también en su longevidad.
Datos publicados en diversos medios informan que el 24,2% de la población porteña tiene más de 60 años y de ese porcentaje la mayoría son mujeres.
A partir de estos datos las organizaciones opinaron que las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad deben prepararse para enfrentar el desafío de atender las necesidades de este grupo etáreo, respondiendo con políticas adecuadas.
El grupo de trabajo del CoPE entiende que la situación descripta es al mismo tiempo un desafío y una oportunidad, y en ella el Plan Estratégico tiene un rol fundamental en el análisis de la realidad y la proyección de la problemática.
La temática que nos ocupa es transversal y compleja, y para su tratamiento se acordó una mirada integral ya que la vejez atraviesa todas las Dimensiones.
En Asambleas anteriores el CoPE estableció un eje rector consensuado para la Dimensión Social : “propender a la equidad social a través del desarrollo humano, la participación de todos los actores y el respeto por la diversidad”
El envejecimiento es un tema a tratar en el marco de esas acciones.
Se trató de dar un enfoque multidisciplinario, coordinando acciones que tiendan a elevar los estándares de la calidad de vida de nuestros mayores, ya que es muy importante como se va a vivir.
En la Asamblea del CoPE, Octubre 2006 se aprobaron líneas de trabajo:
- Trabajar la temática en forma transversal e integral;
- Destacar la importancia de la participación de todos los actores;
- Invitar a los distintos referentes relacionados con la problemática del envejecimiento;
- Convocar a la Dirección de Tercera Edad de la Ciudad A. de Buenos Aires.
Participaron de los encuentros, Organizaciones relacionadas con el tema como APDH, ALPI, y Asociación Gerontológico Argentina.
Asimismo, concurrieron a las reuniones de trabajo referentes de la Dirección General de Tercera Edad, durante los encuentros las organizaciones participantes tuvieron la oportunidad de aclarar dudas sobre el tema y obtener información sobre la actividad de las distintas áreas dependientes de esa Dirección, así como de los distintos programas destinados a los adultos mayores.
Algunas de las conclusiones, entre otras, que las organizaciones presentaron:
- Fomentar un cambio en la cultura social que tienda a la inclusión de los adultos mayores en su seno familiar y en la comunidad.
- Evitar la institucionalización.
- Facilitar la incorporación de adultos mayores al ámbito laboral que en muchos casos sienten que de esa forma participan de la “ sociedad activa”.
- Tratar de establecer programas, que sean concretos y sustentables.
- Trabajar en la educación y su relación con la vejez. Acordaron que los cambios deben realizarse desde la educación, para impulsar un cambio en la cultura de la sociedad.
- Introducir el tema envejecimiento en el Plan General de Salud que se comenzó a trabajar en el mes de julio del 2007. Actualmente, a partir de lo acordado, Salud y Envejecimiento comenzaron a trabajar en forma conjunta.
8.-PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Toda Política Pública debe ser el resultado del interactuar de distintos actores de la sociedad, que mediante compromisos y acuerdos dan solución a los problemas públicos. De esta manera, los nuevos rasgos y vinculaciones de actores que caracterizan a la sociedad actual, cada vez más organizada y compleja, influyen en los procesos políticos de la toma de decisiones sobre políticas públicas.
En cuanto al orden de género en particular, debe ser aplicado al enfoque de los temas urbanos-ambientales, que habitualmente se encaran con una concepción restrictiva de ciudadanía y que, a través de diversos mecanismos que operan en los ámbitos institucionales, constituye grupos subordinados respecto a la distribución de recursos, responsabilidades, atributos, capacidades, poder y privilegio.
CONTEMPLACIÓN DE ESTADÍSTICAS SEGMENTADAS.
El conocimiento de la realidad social, laboral, formativa, económica desde una perspectiva de género, requiere la utilización de indicadores que faciliten la comparación entre la presencia de mujeres y varones e identifiquen diferencias que pueden alimentar estereotipos. La desagregación de los datos por sexo y edad es un indicador básico que da paso a otros indicadores explicativos de la realidad.
Es de vital importancia para la formulación de Políticas Públicas Sustentables, contar con los datos estadísticos y los indicadores para realizar diagnósticos tendientes a generar las referidas políticas, así como medir las modificaciones que se producen en el tiempo en relación con las políticas que se vayan implementando.
En este sentido se pensaron las leyes que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobara oportunamente.
Nos referimos a La Ley Nº 91, Sancionada el 29/10/98, Promulgada por Decreto N° 2820/98 del 09/12/98 y Publicada en el BOCBA N° 597 del 22/12/98, que establece que en las estadísticas producidas por los organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad, relativas a la población y conexas, deben consignarse las variables de sexo y edad. Para la variable de edad, ésta deberá ser requerida en los instrumentos de captación básica, por edades simples.
Asimismo, es de fundamental importancia la Ley 474 de “Igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres”, que en el Artículo 5, Inciso c, establece que el Gobierno de la Ciudad incorpora la perspectiva de género en: la elaboración de todas las estadísticas y la información resultante de las diversas áreas.
Con el objeto de contar con los datos desagregados, de la manera que la legislación lo establece, y como recomiendan los Organismos Internacionales, específicamente el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). El Grupo de Trabajo de Género del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó al Comité Ejecutivo, la realización de una “Recomendación” al Poder Ejecutivo de la Ciudad, para que este efectúe una indicación a fin de que cada Ministerio, implemente en sus áreas de incumbencia, una metodología de información desagregada por sexo y edad, tal como lo establece la legislación vigente en la Ciudad, a la que hicimos referencia, así como lo recomiendan las Organizaciones Internacionales.
La indicación debe estar especialmente dirigida a los Ministerios de Gobierno, Educación, Derechos Humanos y Sociales, Hacienda, Gestión Pública y Descentralización, Salud, y Producción, a fin de que desagreguen la información con el criterio arriba mencionado, y que en sus informes trimestrales de gestión hagan referencia a los postulantes y beneficiarios de los programas de Gobierno, por sexo y edad.
Para facilitar la implementación de la información desagregada, y poder compilarla con estas ponderaciones, en la Dirección General de Estadística y Censos existe un sistema de códigos y nomencladores que facilitarán la tarea.
Recordamos, que esta recomendación se basa, en el Proyecto que el mencionado Grupo de Trabajo, incluyera en el documento a la Asamblea General del Consejo de Planeamiento Estratégico, y que se aprobara en octubre de 2006.
Al respecto existen antecedentes destacados como la encuesta “Mirada de Género Sobre Aspectos Urbanos de la Ciudad”, realizada a partir de la articulación con la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEyC), Dirección General de la Mujer, el Consejo de Planeamiento Urbano (Co-PUA) y la Asociación de Mujeres Arquitectas e Ingenieras (A.M.A.I.)
El producto final de la referida investigación que permitió la formulación de Indicadores Urbanos de Género fue la publicación de “Género y Ciudad” Indicadores Urbanos de Género, (2003); autoría GCBA.
Se trató de un trabajo comprometido y serio que sumó a organismos de Gobierno y a una asociación civil (AMAI).
La muestra dio como resultado aportes innovadores que no hubieran tenido lugar sin esta convergencia de instituciones públicas y de la sociedad civil.
El Plan Estratégico Buenos Aires 2010, incluye en sus núcleos y lineamientos estratégicos las propuestas orientadoras vinculadas al tema que nos ocupa. Específicamente nos referimos al Núcleo Estratégico Buen Gobierno, en su Línea 4, Orientación incluyente de las políticas y la gestión gubernamental, donde refiere que el buen gobierno se concreta en contenidos democráticos de las políticas, que garantizan para el conjunto de la sociedad local, es decir para todos sus componentes, condiciones análogas para el desarrollo de sus potencialidades. En el Punto 2: generación de estadísticas que contemplen la segmentación por sexo, especifica concretamente el contenido de la propuesta.
La recomendación tiene como objetivo general generar información y conocimiento sobre las situación de mujeres y varones, así como niños, niñas, adolescentes y mayores, en la ciudad de Buenos Aires, respecto a salud, educación, hábitat, desarrollo económico, violencia, inseguridad ciudadana, entre otras.
Los objetivos específicos tienden a generar y/o sistematizar información estadística a fin de obtener un “cuadro de situación” que permita el diseño y la construcción de políticas públicas con equidad de género.
TEMAS DE LA AGENDA
Urbanismo y Políticas de Equidad desde la perspectiva de Género
Políticas Descentralizadas de Igualdad de Oportunidades y de Trato
Incluir la Perspectiva de Género en el Plan Integral de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (Una ciudad segura para las mujeres es garantía de una ciudad segura para todos).
La Perspectiva de Género al Anteproyecto de Código Ambiental para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9.-CONTRIBUCIÓN FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL
La cuestión fiscal ha estado presente desde los primeros documentos de trabajo del Consejo de Planeamiento Estratégico. Teniendo en cuenta que se constituyó en un momento de extrema tensión de las finanzas públicas.
Dentro de los lineamientos del Plan Estratégico figura la “Reforma tributaria integral, incluyendo la mejora de la administración tributaria y el aumento de la participación de la Ciudad en la Coparticipación Federal”.
La estructura tributaria de la Ciudad cuenta con tres características positivas que debieran mantenerse y ampliarse: autofinanciamiento del gasto, solvencia y sustentabilidad y ventajas competitivas respecto de otras jurisdicciones, por cuanto no existen tasas de seguridad e higiene, el impuesto a los sellos es limitado, y el impuesto inmobiliario, actualmente, es bajo. Sin embargo, la recaudación se basa mayoritariamente en el Impuesto a los Ingresos Brutos, que debido a su alta alícuota tiene una considerable incidencia sobre las actividades económicas, a la vez que configura una recaudación muy sensible al ciclo económico. Por otra parte, existe una importante evasión/ elusión del pago de esa contribución.
Por ello, en aras de fortalecer el tejido productivo y atraer mayores inversiones, se recomienda avanzar hacia un perfeccionamiento de la administración tributaria que permita reducir la evasión/elusión del pago de impuestos e implementar una reforma gradual e integral de la estructura tributaria, orientada a disminuir la incidencia del Impuesto a los Ingresos Brutos y compensar la recaudación con otros ingresos tributarios.
Finalmente, una cuestión que debe especialmente atenderse, es la reducida fracción que le corresponde a la Ciudad en la Coparticipación Federal de impuestos. Se observa un coeficiente de devolución extremadamente bajo, por cuanto la Ciudad aporta aproximadamente el 25% de los fondos coparticipables y recibe el 2,8%. Por ello, se considera particularmente relevante lograr un sustantivo incremento de la participación porcentual de la Ciudad en la Coparticipación Federal de impuestos.
Una presentación introductoria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, organización miembro del Consejo, plantea los siguientes criterios:
- El impuesto debe ser una herramienta para garantizar justicia distributiva.
- Una mayor precisión de los datos del contribuyente responsable mediante la utilización del potencial de los sistemas informáticos.
- Distinguir lo que grava el inmueble (impuesto) de lo que es retribución por servicios (tasas) y de la capacidad contributiva del contribuyente.
Como agenda de trabajo se propone tratar los temas a partir de:
- Una referencia al rol de la tributación en la implementación de justicia social, recaudando más en las zonas de mayores recursos y gastando más en la de menos recursos
- Una composición de lugar en relación a los recursos y gastos de los últimos 6 años.
- Una apertura de los recursos por origen de los mismos.
- Un análisis de la incidencia que tienen los recursos vinculados a los inmuebles sobre el total de los recursos.
- Una estimación del desfasaje existente entre las valuaciones fiscales actuales y las de mercado.
- Un análisis de la racionalidad de las tasas aplicadas.
- Un cálculo de lo que significaría en cabeza de un ocupante de determinado lugar aplicar las mismas tasas históricas a las valuaciones reales los inmuebles en el mercado inmobiliario.
La racionalidad de los ajustes propuestos. - Recomendación de elegir parámetros ciertos y eventualmente una aplicación en etapas de las modificaciones propuestas.
Se propone, en el corto plazo hacer llegar consideraciones a tener en cuenta a la comisión bipartita. En el largo plazo elaborar un documento más sólido que actualice y profundice lo propuesto por el plan.
Si bien el rol del Consejo no es tratar temas de coyuntura, es un debate que tiene actualidad y es una importante política estratégica para el futuro de Ciudad, razón por la cual el Consejo debe realizar su aporte al tema.
10.-AUTONOMÍA Y SEGURIDAD
El camino hacia la plena autonomía sigue pendiente. A pesar de que ciertas competencias judiciales se han transferido, las limitaciones que la ley 24.588 (también llamada ley Cafiero) impone a la Ciudad, restringe el status de autonomía y las facultades jurisdiccionales que la reforma constitucional de 1994 le proporcionó a la Ciudad de Buenos Aires (art 31 CN).
Desde sus comienzos el Plan Estratégico consideró redefinir el rol del Estado mediante la participación y compromiso ciudadano en la planificación y el control de la gestión pública. Una de las definiciones fue proponer la derogación o modificación de la ley 24.588
La “Promoción de la modificación o derogación de la Ley 24.588 para el traspaso de competencias a la Ciudad”, forma parte de las acciones tipo que el grupo de trabajo llamado “autonomía” elabora con el marco del lineamiento:
“Fortalecer la autonomía de la Ciudad y desarrollar políticas integrales de seguridad y justicia” dentro de la dimensión Institucional del Plan Estratégico.
El pasado 6 de septiembre se promulgó la modificación de la denominada “Ley Cafiero” que elimina las restricciones para que la ciudad de Buenos Aires pueda tener su propia fuerza de seguridad.
La nueva norma, que fue sancionada por el Congreso el 22 de agosto último, modifica el artículo 7 de la mencionada ley, que impedía a la Ciudad tener su propia fuerza de seguridad y se reemplazo por otro texto en el cual se habilita al Gobierno porteño a ejercer “las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales”; y además se incluyo una cláusula transitoria que prevé la posibilidad de avanzar en convenios con la Nación para hacer el traspaso gradual de la seguridad de un estado a otro.
Se había estado reclamado la derogación o modificación de la ley Cafiero, pero en el Congreso el proyecto no contempla la cuestión presupuestaria.
Bien sabemos que estos avances serán graduales y progresivos por la magnitud y complejidad de competencias y recursos que involucra, pero se considera imprescindible definir una política de Estado.
Como tema de agenda de trabajo, a ser tratado en las comisiones y seminarios ad hoc, incluyendo las diferentes perspectivas políticas, se propone el siguiente temario:
1.INTRODUCCIÓN
Políticas de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires
2.DIAGNÓSTICO GENERAL
2.1 Aspectos socioeconómicos y demográficos principales
2.2.Indicadores sobre delitos y situación criminológica de la Ciudad de Buenos Aires
Consideraciones Finales
3.MARCO NORMATIVO
3.1.Marco Normativo general
3.2 Marco Constitucional
4.COMPETENCIAS Y PRIORIDADES LOCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD
5. PRINCIPIOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA POLICIA DE LA CIUDAD
5.1 Modelo de Policía Local
5.2 Estructura orgánico funcional. Estructura de mandos y jerarquía única
5.3 Organización Territorial
5.4 Carrera Policial, sindicalización y/o defensoría del policía y mecanismos de control interno
5.5 Una política frente a la seguridad privada.
5.6 Competencias y financiamiento.
5.7. Seguridad y gestión de la información
7JUSTICIA
8 SEGURIDAD Y GENERO
9 EL SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL
ANEXO NORMATIVO:
LEY 24588 Anterior
ARTICULO 7º — El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo, en la ciudad de Buenos Aires, su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes.
La Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo Nacional.
La ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional suscribirán los convenios necesarios para que éste brinde la cooperación y el auxilio que le sean requeridos para garantizar el efectivo cumplimiento de las órdenes y disposiciones emanadas de los órganos de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
La ciudad de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad. No podrá crear organismos de seguridad sin autorización del Congreso de la Nación.
MODIFICACION
LEY QUE GARANTIZA LOS INTERESES DEL ESTADO NACIONAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEY 26.288
Competencia en materia de seguridad. Sustitúyese el texto del artículo 7º de la Ley Nº 24.588.Cláusula transitoria única.Sancionada: Agosto 22 de 2007Promulgada: Septiembre 6 de 2007EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC.SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
ARTICULO 1° — Sustitúyese el texto del artículo 7° de la Ley N° 24.588 por el siguiente:“Artículo 7°: El Gobierno nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capitalde la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad con la extensión necesariapara asegurar la efectiva vigencia de las normas federales.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales. El Gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad Interior.”ARTICULO 2° — Cláusula transitoria única. Definidas por el Gobierno nacional las estructurasnecesarias para garantizar sus competencias federales, celebrará con la Ciudad de Buenos
Aires los convenios necesarios para hacer efectivo lo establecido en el artículo 1° de lapresente ley, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 24.588.ARTICULO 3° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SIETE.—REGISTRADA BAJO EL N° 26.288—ALBERTO E. BALESTRINI. — DANIEL O. SCIOLI. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.
1 Artículo 19, Título Segundo, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
2 Tal como señala la Real Academia Española estrategia es “Arte, traza para dirigir un asunto o bien un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento”.
3 Como ejemplo se ha citado: si la política energética no consideró los efectos de fomentar sistemas de generación de energía ambientalmente inadecuados, difícilmente al proyecto específico se le podrá exigir que su generación de energía sea ambientalmente sustentable.
4 Al decir del Ministro de Medioambiente Juan Manuel Velasco, “Sin embargo, la experiencia también ha mostrado ciertas limitaciones del mecanismo de evaluación de impacto ambiental que ha mostrado la experiencia. Éstas refieren a la consideración de efectos sinérgicos o acumulativos producidos por la instalación de diversos emprendimientos en una misma zona, o por las consecuencias ambientales de políticas, planes o programas; y la evaluación de los impactos indirectos, secundarios y colaterales de un emprendimiento o política o de los costos que conllevaría una alternativa sin proyecto. Es por esto que la evaluación de impacto ambiental reactiva necesita complementarse y, para ello, se debe transitar hacia la Evaluación Ambiental Estratégica preactiva” (Documento de CoPE).
